Trabajo quiere que la ampliación a 10 días del permiso por fallecimiento entre en vigor pese al riesgo de que el Congreso la tumbe

El Ministerio de Trabajo anunció un acuerdo con los sindicatos para ampliar el permiso por fallecimiento de familiares a 10 días el 15 de diciembre del año pasado. En vez de los dos días ampliables a cuatro que rigen ahora, el departamento de Yolanda Díaz, CC OO y UGT acordaron que el permiso se extienda hasta esos 10 días, un planteamiento que rechaza frontalmente la patronal. Según confirmó este martes el secretario de Estado de Trabajo, la intención del ministerio es tramitar esta norma como un real decreto ley. Esto significa que la normativa entraría en aplicación nada más recibir el aval del Consejo de Ministros y que en el plazo máximo de un mes debería ser convalidada para no decaer. Así, se puede producir la extraña situación de que durante ese mes (entre la decisión ejecutiva y la legislativa) haya personas que accedan a ese permiso ampliado y que después la mayoría de derechas del Congreso tumbe este nuevo derecho.

“En principio querríamos que esto se hiciera cuanto antes”, dijo este martes al ser cuestionado al respecto Pérez Rey, en la rueda de prensa en la que analizó los datos de afiliación a la Seguridad Social y paro registrado. “La intención sería que la norma que aprobara los permisos por duelo y fallecimiento fuera una norma urgente y nuestra predisposición es hacerlo mediante un real decreto ley en breve”, agregó el número dos de Trabajo.

El pacto del ministerio y los sindicatos no se limita al permiso de fallecimiento: también plantea 15 días de prestación por cuidados paliativos y un día de acompañamiento en la eutanasia. La medida fue rechazada frontalmente por las patronales CEOE y Cepyme. “Los planteamientos del ministerio suponen, dada su naturaleza, un nuevo intento de trasladar a las empresas el coste y la responsabilidad de políticas públicas sobre cuidados que corresponde asumir a la Administración”, indicaron en un comunicado emitido a principios de diciembre, cuando acusaron al Gobierno de expulsarles de la negociación.

Cambio legislativo

Los cambios que proyecta Trabajo implican una modificación del Estatuto de los Trabajadores, lo que exige el aval del Parlamento para prosperar. El PP ya ha anunciado que votará en contra de la modificación, dado que no goza del respaldo de todo el diálogo social. Desde que Alberto Núñez Feijóo lidera el partido, la formación defiende que su posición sociolaboral es previsible: si las medidas tienen el respaldo de sindicatos y patronales puede estar a favor, pero no si solo hay apoyo sindical. De ahí, defienden, que el PP votara a favor de la última parte de la reforma de pensiones (que sí apoyaron CEOE y Cepyme) pero no de la reducción de jornada.

En esa ocasión, el PP unió sus votos negativos a los de Vox y Junts, que juntos sumaron mayoría absoluta y tumbaron la propuesta. Entonces la iniciativa era un anteproyecto de ley, que no entra en vigor hasta que no supera todo el trámite parlamentario. Un real decreto ley, como el que se proyecta para los permisos, se aplica nada más publicarse en el Boletín Oficial del Estado al día siguiente del Consejo de Ministros.

Dado este escenario, la medida depende del voto favorable de Junts. Este periódico ha consultado al grupo parlamentario catalán, pero no anticipan el sentido de su voto. Además de tumbar la reducción de jornada, Junts viene emitiendo juicios muy críticos contra otras propuestas del Gobierno contestadas por el mundo empresarial. Es el caso de la subida de las cuotas de autónomos, debate en el que Junts se posicionó muy en contra del planteamiento de la Seguridad Social.

Tampoco confirma qué votará en el debate de permisos el otro grupo nacionalista de derechas, el PNV. Fuentes del grupo vasco confirman que en diciembre recibieron el texto pactado por Trabajo y los sindicatos, pero sostienen que aún no pueden adelantar su posición al respecto. Para que la ampliación de los permisos no decaiga, el Gobierno necesita el sí de toda la izquierda y el apoyo de estos dos partidos nacionalistas de derechas (o al menos el respaldo de uno y la abstención del otro).

Este plan de Trabajo tiene una gran intencionalidad política. El ministerio de Díaz busca complicar el rechazo a la derecha, dada la sensibilidad de un proyecto que interpela al fallecimiento de familiares de trabajadores.

Además, el ministerio viene subrayando que España se sitúa lejos de los países más avanzados en esta materia. Es el caso de los vecinos del país: Portugal aprobó en 2023 una modificación normativa para ampliar a 20 días el permiso retribuido tras el deceso del cónyuge, una extensión respecto a los cinco días que regían hasta entonces y que lo iguala al permiso por deceso de hijos; en Francia se conceden 12 días laborables por el deceso de hijos y 14 si es menor de 25 años.

Trabajo ya aprobó como un real decreto ley la reforma laboral, la principal norma impulsada por Díaz desde que es ministra. La convalidación de esa norma se salvó por los pelos en la pasada legislatura por el voto equivocado de un diputado del PP.

Otros frentes abiertos de Trabajo

Pérez Rey indicó este martes que el refuerzo del registro horario está “a las puertas del Consejo de Estado, el último trámite administrativo antes de volver al Gobierno”. A diferencia de los permisos por fallecimiento, este cambio no necesita el aval del Parlamento y se aplicará cuando así lo decida el Ejecutivo. “Es una norma que consideramos esencial para garantizar el cumplimiento del tiempo de trabajo en España”, agregó Pérez Rey. “Dentro de los límites de un reglamento, insistirá en la necesidad de que el registro sea objetivo y fiable, lo que solo se puede garantizar con la digitalización del mismo y con instrumentos que permita a Inspección controlar”, añadió el secretario de Estado.

Respecto al acuerdo recién alcanzado para reforzar la prevención de riesgos laborales y ya refrendado por los órganos internos de los sindicatos, Pérez Rey cargó contra la patronal por su posición desfavorable. Catalogó como un “bochorno” el rechazo empresarial “después de 20 meses de negociación de una norma muy técnica pero muy decisiva para evitar muertes en el trabajo”. Indicó que “a falta de algunos aspectos técnicos” el acuerdo se va a explicitar próximamente. En principio, está previsto que la firma se oficialice el 10 de febrero.

Con los recientes acuerdos en prevención de riesgos laborales y en salario mínimo (que en principio llegará al Consejo de Ministros en dos semanas), Trabajo extiende aún más su racha más larga sin entendimiento con la patronal. Ya hace más de un año y medio que el ministerio no logra un acuerdo en el que también participen CEOE y Cepyme. Los reproches personales se multiplican y desde cada lado opinan que el otro se guía por electoralismo.