Relevo en la presidencia de BonÀrea Guissona // Contratos de defensa: Madrid, 80%; Catalunya, 0%

Cambios en la cúpula de bonÀrea/Guissona, el gran grupo alimentario. Su presidente y fundador, Jaume Alsina (92 años), dejará su cargo en mayo, en el marco de la junta general de accionistas de la corporación, y será sustituido por su hijo y actual consejero delegado, Ramon Alsina, según han informado a este diario fuentes informadas de los cambios en el grupo leridano. El movimiento, requiere una propuesta previa del consejo de administración que se producirá coincidiendo con la junta general.

BonÀrea es el segundo grupo alimentario catalán, detrás de Vall Companys y en el pasado ejercicio cerrado, el del 2024, facturó 2.680 millones de euros y obtuvo unos beneficios neto de 89 millones. Emplea unas 6.500 personas. Su red alcanza los 600 puntos de venta al consumidor.

El grupo integra la Cooperativa de Guissona, la Caja Rural de Guissona (CaixaGuissona), la Corporación Alimentaria Guissona, las Fundaciones Agropecuaria y bonÀrea, Servicios Agropecuaria de Seguros y Serveis Mèdics Guissona. Además, la empresa controla CaixaGuissona: entidad financiera propia; bonÀrea Telecom, en telecomunicaciones; bonÀrea Asegura, en el asegurador; y bonÀrea Energía, de combustibles y gasolineras. Se trata de un modelo empresarial singular y con fuerte arraigo social.

Los inicios de la empresa se remontan a 1959, cuando varios profesionales del sector en la comarca de la Segarra, encabezados por el veterinario Jaume Alsina, fundó la cooperativa Agropecuària de Guissona, que acabaría integrando todo el ciclo productivo de la producción ganadera y avícola.

En el 2013 la cooperativa se transformó en la Corporación Alimentaria Guissona y en cuyo capital se integraron miles de cooperativistas y empleados. Por ese motivo, el capital de bonÀrea Corporación está muy atomizado y repartido, aunque la familia Alsina, a través de la sociedad Alsicor controla en torno al 10%. Además la familia de Jaume Alsina controla la gestión del grupo.

Su hijo Ramon y próximo presidente es consejero delegado del grupo y un hermano de este también se sienta en el consejo de administración. Asimismo, al menos dos hijos más, Jaume y Teresa, ocupan puestos directivos de máximo nivel.

Durante la crisis política del referéndum independentista del 2017 y la subsiguiente estampida de empresas que se llevaron su sede social fuera de Catalunya, bonÀrea decidió mantenerla en Lleida. No fue así en el caso de Vall Companys, propiedad de los descendientes del fundador, Vall Palou, que ya antes del 1 de octubre, concretamente en noviembre del 2015, optaron por llevar la holding propietaria del grupo, Inversiones Fenec, a Madrid.

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Contratos de defensa: Madrid, 80%; Catalunya, 0%

El enorme aumento del gasto en el polémico sector armamentístico puesto en marcha por el gobierno de Pedro Sánchez mantiene, de momento, la tendencia centralizadora atávica del Estado. Un 80% de los 14.400 millones de euros aprobados por el ejecutivo el año pasado a través de los llamados PEM (Programas especiales de modernización) del Ministerio de Defensa ha ido a empresas ubicadas en la Comunidad de Madrid, según un informe elaborado por AEROS, la asociación que agrupa una cincuentena de empresas aeroespaciales y de defensa de Catalunya y que preside Santiago Ballesté.

En segundo lugar del ránking aparece Castilla la Mancha (11%). Con mucha menor participación le siguen Andalucía, Galicia y Murcia. Como se podía presumir, Indra y EM&E, la primera presidida por Ángel Escribano y la segunda por su hermano Javier Escribano, juntas o por separado, se llevan la parte del león, casi la mitad, unos 6.000 millones de euros.

Mucho va a tener que esforzarse Salvador Illa, el president de la Generalitat, para alcanzar su objetivo de que al menos el 20%, en proporción al peso de la economía catalana en la española, de los nuevos contratos de defensa sirvan para impulsar las industrias catalanas del sector.

Por idéntico motivo, la falta de inversión en Catalunya, Junts, el partido de Carles Puigdemont, ha manifestado su apoyo a los Escribano en el pulso que han mantenido con el jefe de la oficina económica de presidencia del gobierno, Manuel de la Rocha.

Ángel Escribano sigue en la presidencia de Indra, aunque ha renunciado de momento a su proyecto de fusión con EM&E. No se conoce el desenlace final del conflicto ni cuál será la estrategia futura del Gobierno.

Los Escribano mantienen una fluida relación con Albert Batet, jefe de campañas electorales de la formación independentista y enlace con el mundo económico. El argumento de Junts, que además tiene una persona próxima en el consejo y en el comité de estrategia de Indra, Oriol Pinya, es que Indra se ha comprometido a destinar el 25% de los contratos que reciba a acuerdos con empresas catalanas o inversiones en Catalunya.

De momento solo se conoce su interés, que en octubre pasado Escribano manifestó a Illa en una reunión en Palau, por la empresa pública catalana Comforsa. Claro que en aquel momento el presidente de Indra aún era el candidato a crear el gran campeón nacional español en el área de Defensa y ahora las cosas han cambiado.

AEROS, por su parte, defiende que el diversificado tejido industrial catalán puede asumir una parte importante del gasto en defensa y ha creado un grupo especial de trabajo que dirige Joan Martorell, presidente de Gutmar, empresa de ingeniería espacial de precisión.

Adjunto al director de La Vanguardia. Periodista especializado en información económica