Plus Ultra, investigada por blanquear un préstamo de oro venezolano

La operación policial que acabó ayer con la detención del presidente y consejero delegado de la aerolínea Plus Ultra tiene el origen en una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción por el presunto blanqueo de dinero procedente de la corrupción venezolana. La policía sospecha que el dinero que obtuvo la compañía del rescate de 53 millones de euros por parte del Gobierno en el 2021 sirvió para pagar tres préstamos concedidos por sociedades que a su vez habían obtenido con el dinero del oro y ayudas venezolanas gracias a la corrupción de funcionarios.

Anticorrupción lleva más de un año tras este entramado que tiene tentáculos en España, Venezuela, Suiza, Francia o Panamá y que culminó ayer con el arresto por parte de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional del presidente de Plus Ultra, Julio Martínez, y el CEO, Roberto Roselli.

La jueza investiga una organización criminal asentada en Francia, Suiza y España con dinero de Venezuela

La policía está investigando cómo la aerolínea recibió una serie de préstamos por parte de unas sociedades. Estas a su vez habrían inyectado fondos ilícitos procedentes de actos de malversación cometidos por funcionarios públicos en Venezuela “de muy alta cuantía” (fondos públicos de programas C.L.A.P. y ventas de oro del Banco de Venezuela). Este dinero saldría, según la investigación, a otros países para blanquearlo, entre ellos en España con la compra de inmuebles o venta de relojes de lujo, entre otras cosas. Además, hacían préstamos simulados para así con la devolución del dinero este quedaba blanqueado y dentro del circuito legal. Para eso se utilizó a Plus Ultra. Y des esta manera la compañía encontraría laforma de devolver el dinero obtenido del Gobierno español gracias a la inyección de 53 millones de euros dentro del paquete de ayudas por la pandemia.

Según los datos que maneja Anticorrupción, la sociedad que concedió el préstamo a Plus Ultra –y que se le rembolsó íntegramente con dinero público español– vendió oro venezolano por valor de 30 millones de euros a una sociedad de Emiratos Árabes. El dinero recibido acabó en una en una cuenta en Panamá a nombre de otra empresa.

La polémica en torno a la aerolínea rescatada resurge ahora de sus cenizas. Y lo hace a través de una causa, aún secreta, que, según fuentes próximas a la investigación, podría provocar una onda expansiva de consecuencias incalculables. Ayer, la UDEF irrumpió en la sede de la compañía aérea con vínculos en Venezuela en busca de documentación relacionada con un presunto delito de blanqueo de capitales.

Hace dos años, el juzgado de instrucción número 15 de Madrid, el mismo que ha hecho resurgir la nueva investigación, decidió archivar la causa que investigaba el rescate de Plus Ultra. La jueza Esperanza Collazos entendió que no había indicios de que la ayuda hubiese sido ilegal. Hasta el Tribunal de Cuentas lo estudió, sin llegar a encontrar anomalía alguna.

En aquel momento las pesquisas versaban sobre los delitos de malversación de caudales públicos, cohecho, prevaricación, tráfico de influencias, obtención de subvenciones o ayudas de la Administración falseando los requisitos. También se investigó por este asunto a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

El rescate de Plus Ultra fue polémico porque el Gobierno, a través de la SEPI, concedió la operación dos años después de que hubiese pedido un préstamo. Durante la causa judicial, la instructora escuchó dos informes contradictorios de peritos que no le permitieron seguir adelante con la causa. Unos pusieron sobre la mesa las deudas que arrastraba la compañía, que le obligaron a solicitar un préstamo participativo de 6,3 millones de euros al banco panameño Penacorp. Es por esto, por lo que los peritos, de un lado, defendieron que el declive económico de Plus Ultra no fue producto de la pandemia del coronavirus, por lo que no estaría justificado el rescate, mientras que por el otro lado defendieron que sí lo estaba.

Esta misma jueza ha decidido admitir una denuncia de Anticorrupción contra una presunta organización criminal asentada en Francia, Suiza y España, constituida presuntamente por personas extranjeras, nacionalizados españoles, y al menos un abogado español, dedicada a la realización de actos de blanqueo en los tres países citados y siendo los fondos ilícitos procedente de la corrupción venezolana, según fuentes de la investigación.