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El conflicto urbanístico en torno a la mansión que el entrenador del Real Madrid, Xabi Alonso, ha construido en el barrio donostiarra de Igeldo suma un nuevo capítulo. Ahora, colectivos ecologistas han presentado una denuncia ante la Fiscalía de Gipuzkoa al considerar que la vivienda se asienta en una parcela cuya ordenación urbanística, vigente desde 2007, reserva el terreno para la construcción de una escuela de golf y no permite la apertura de accesos distintos a ese uso específico.
La denuncia llega cuando la obra del chalet se encuentra prácticamente finalizada, pese a que en 2024 un juzgado contencioso-administrativo de San Sebastián anuló la licencia municipal concedida y ordenó su derribo por contravenir la normativa urbanística y exceder los permisos otorgados.
En ese momento, la resolución judicial que declaró ilegal la construcción fue recurrida tanto por el Ayuntamiento de San Sebastián, gobernado por PNV y PSE-EE, como por la sociedad Tavaro XXI, SL, promotora de la vivienda y cuya administradora única es Nagore Aranburu, esposa del exfutbolista. A día de hoy, la apelación sigue pendiente de resolución. Paralelamente, también está en trámite otro recurso que denuncia la "clandestinidad de la obra", al sostener que la vivienda no se habría edificado exactamente en el emplazamiento autorizado por la licencia municipal.
Un enclave rural de alto valor paisajístico
La villa se ubica en una parcela rural de 10.728 metros cuadrados situada en lo alto de Igeldo, en el paraje de Txalin, un entorno natural de elevado valor paisajístico con vistas al mar Cantábrico. Según los denunciantes, la finca fue adquirida en mayo de 2018 a la inmobiliaria Marugel por 700.000 euros.
Desde entonces, colectivos ecologistas como Ekologistak Martxan y Haritzalde mantienen una batalla judicial contra lo que consideran una edificación de carácter lujoso que incumple la Ley vasca del Suelo y las ordenanzas urbanísticas municipales.
El Plan Especial de 2007 y la escuela de golf
El núcleo de la nueva denuncia presentada ante la Fiscalía se apoya en la existencia de un Plan Especial aprobado en 2007 que afecta a toda el área donde se levanta la mansión. Dicho plan ordena una superficie de 71.707 metros cuadrados para la implantación de una escuela de golf, proyecto que finalmente nunca se ejecutó.
De esa parcela matriz se segregó el terreno que posteriormente adquirió Tavaro XXI. Según los ecologistas, la ordenación urbanística impide diseñar caminos o servidumbres de paso que no estén directamente vinculados a la escuela de golf prevista en el plan, algo que, aseguran, se ha vulnerado para dar acceso al chalet.
Un acceso cuestionado y posible usurpación
Los denunciantes sostienen que la familia del entrenador pagó 75.000 euros por una servidumbre de paso que permite la entrada y salida del chalet hacia la carretera de Igeldo. Sin embargo, afirman que dicho acceso atraviesa un camino de dominio y servicio municipal que no tendría carácter de uso público.
Por este motivo, además de la denuncia urbanística, los colectivos ecologistas apuntan a la posible comisión de un delito de usurpación de bienes públicos y otro de prevaricación por parte del Ayuntamiento al autorizar dicho acceso.
La parte denunciante insiste en que la ordenación sigue vigente y que, si los tribunales les dan la razón, la villa podría quedar sin ningún acceso legal a la vía pública, convertida en una "isla" sin entrada ni salida autorizada.
Mientras tanto, el proceso de demolición ordenado judicialmente permanece paralizado más de un año después de la sentencia, a la espera de resoluciones clave tanto en el ámbito contencioso-administrativo como, ahora, en el penal.
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