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Myanmar ha reducido la condena de la exlíder Aung San Suu Kyi, que cumple una pena de 27 años de cárcel, ha declarado su abogado a la agencia Reuters este viernes. La condena se ha reducido en una sexta parte, ha afirmado su abogado, lo que equivale en principio a unos cuatro años y medio menos de cárcel, con lo que la pena reducida sería de 22 años y medio de prisión. Suu Kyi tiene 80 años.
La política y activista birmana fue condenada a esa larga pena por diferentes delitos que, según sus partidarios y aliados, obedecen a motivaciones políticas para mantenerla alejada del poder. Entre esos cargos figuraban acusaciones de corrupción, fraude electoral y violación de la ley de secretos de Estado.
No está claro si Suu Kyi, que ganó el premio Nobel de la Paz en 1991, podrá cumplir en adelante su condena bajo arresto domiciliario, ha precisado el letrado.
El exlíder de la junta militar y nuevo presidente de Myanmar, Min Aung Hlaing, ha aprobado además una amnistía para 4.335 prisioneros, según ha informado también en esta jornada la televisión estatal, en la que es la tercera medida de ese tipo de los últimos seis meses. Las amnistías suelen concederse en Myanmar cada año para conmemorar el Día de la Independencia en enero y el Año Nuevo en abril. Según los medios de comunicación del país, entre los amnistiados figura el expresidente Win Myint, que ocupó ese cargo desde 2018 hasta 2021, y que fue depuesto por el golpe de Estado de 2021.
El general Min Aung Hlaing dio un golpe militar el 1 de febrero de ese año contra un gobierno elegido democráticamente liderado por Suu Kyi, lo que sumió al país en el caos. El pasado 3 de abril fue elegido presidente en unas elecciones que fueron ampliamente criticadas por observadores internacionales por no ser libres ni justas.
Una organización birmana de derechos humanos, la Asociación de Asistencia a Presos Políticos, calcula que más de 30.000 personas han sido detenidas por cargos políticos desde que el ejército, liderado por Min Aung Hlaing, dio esa asonada hace cinco años. Además de Suu Kyi y el expresidente Win Mynt, muchos militante de su partido, la Liga Nacional para la Democracia (LND), han sido arrestados. También manifestantes e integrantes de milicias que se opusieron a la junta militar. Más de 14.300 personas continuaban hasta ahora encarceladas por motivos políticos, de acuerdo con esa organización.
La amnistía aprobada este viernes incluye también la conmutación de sentencias de muerte a cadena perpetua, de cadena perpetua a 40 años y reducciones de una sexta parte de sus penas para otros presos además de Suu Kyi.
La Nobel de la Paz lideró durante dos décadas el movimiento democrático que surgió contra la dictadura que gobernó Birmania durante medio siglo (1962-2011). El mismo día de la asonada militar, el 1 de febrero de 2021, fue detenida junto con otros líderes de la LND, después de que el ejército de Birmania declarara fraudulentos los resultados de las elecciones generales de noviembre de 2020, que su partido había ganado. Desde entonces ha estado en prisión o en arresto domiciliario.
Su detención provocó que cientos de miles de personas salieran a las calles de todo el país, pero la respuesta militar fue inmediata. Las fuerzas de seguridad dispararon contra manifestantes desarmados y detuvieron a miles de opositores, lo que acabó empujando a parte del movimiento prodemocrático a organizarse en milicias armadas en los meses posteriores.
Suu Kyi fue condenada inicialmente a 33 años de prisión -su sentencia se redujo luego a 27 años- después de una sucesión de procesos judiciales carentes de garantías judiciales, según han denunciado diferentes organizaciones de derechos humanos.
Ampliamente respetada por la comunidad internacional por su lucha de décadas por la democracia en Myanmar, la política y activista había perdido ya para entonces parte de ese crédito por su silencio sobre la persecución de la minoría musulmana rohinyá en el país.
Myanmar, una nación que ronda los 55 millones de habitantes, está sumida en una profunda crisis que combina guerra civil, colapso institucional y deterioro económico. Naciones Unidas calcula que más de 3,5 millones de personas se han visto obligadas a desplazarse de sus hogares y que más de un tercio de la población necesita ayuda humanitaria. La inestabilidad política y la violencia han generado una drástica caída de la inversión extranjera directa y la moneda se ha depreciado, lo que también ha provocado una grave crisis financiera.
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