Los servicios cripto de los bancos españoles seguirán bajo la supervisión de la CNMV

El espacio cripto ha pasado de ser el Salvaje Oeste a estar profundamente regulado desde la entrada en vigor de MiCA a finales de 2024. Pero con su puesta en marcha, los supervisores y la industria se han dado cuenta de que todavía quedan algunos flecos por cerrar. Así, Bruselas plantea ahora otorgar más poderes al regulador europeo, la ESMA, para que vigile a todos los proveedores de servicios cripto, conceda las autorizaciones e imponga sanciones si es necesario... Competencias que a día de hoy son responsabilidad de los reguladores locales. Pero no todas las firmas estarán bajo el paraguas del supervisor europeo. La directiva, de hecho, propone que las entidades financieras que ofrezcan servicios de criptoactivos sigan sujetas las autoridades nacionales: en el caso de España, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

En su paquete regulador presentado la semana pasada, la Comisión prevé que estas entidades, que obtienen la licencia MiCA por la vía de la notificación, un régimen simplificado respecto a la autorización, pasarán a estar supervisadas por la ESMA solo cuando sus servicios criptos se conviertan en su actividad principal (es decir, si más del 50% de su volumen de negocios anual está ligado a los activos digitales). “Dado que ya existe un sistema centralizado de supervisión bancaria que garantiza la integración y coherencia en la supervisión, no debería producirse una transferencia de competencias de supervisión cuando la entidad que presta servicios de criptoactivos sea una entidad de crédito”, se lee en el texto. En España, BBVA, Openbank, Cecabank y Renta4 Banco han obtenido la licencia. En Europa, entidades financieras como Revolut, N26, Caceis Bank o Raiffeisenbank cuentan con la autorización.

Para los exchanges especializados, en cambio, el colegislador europeo considera que la mejor opción es concentrar la vigilancia en manos de la ESMA. Además, para evitar disrupciones, propone un periodo de transición entre el regulador actual y el nuevo supervisor. Como explica Pablo Corredoyra, asociado sénior de finReg360, si se aprueba la propuesta de la Comisión, la supervisión de los proveedores cripto la seguirán llevando las autoridades nacionales competentes, por ejemplo la CNMV, hasta 24 meses después de su entrada en vigor. A partir de ese momento, ya pasarían a estar bajo la responsabilidad de la ESMA.

También se establecen unas garantías para evitar que un expediente a medio tramitar cambie de manos a mitad del proceso. “Las solicitudes de autorización como proveedor de servicios de criptoactivos que hayan sido recibidas por las autoridades competentes antes de la fecha de inicio de aplicación no serán transferidas a la ESMA, y la decisión de conceder o denegar dicha autorización será adoptada por esas autoridades competentes”, detalla Corredoyra. En cambio, las firmas que ya cuenten con licencia, una vez expirado el plazo de dos años, pasarán a ser supervisados por el regulador europeo, que se encargará de labores de vigilancia e inspección, tomando las riendas de las autoridades nacionales.

La idea de que la ESMA asumiera el control de las empresas cripto lleva tiempo sobre la mesa. En varias ocasiones se planteó la posibilidad de que solo los actores más grandes (los que MiCA define como significativos) quedaran bajo la lupa del supervisor europeo, mientras que los más pequeños estarían vigilados por las autoridades nacionales. Este modelo se inspiraba en el Mecanismo Único de Supervisión, que hace ya una década instauró un sistema de supervisión financiera de doble nivel, con el BCE encargado directamente de inspeccionar a los grandes bancos y, con la ayuda de las autoridades nacionales competentes, examinar al resto de entidades.

Sin embargo, la Comisión Europea, en su afán por avanzar en la integración del mercado de capitales, propone que todos los proveedores de servicios de criptoactivos, independientemente de su tamaño, queden bajo una supervisión centralizada, con la única excepción de los bancos que ofrecen activos digitales. Fuentes financieras explican que los supervisores locales ven con buenos ojos el traspaso de estas competencias, ya que en muchos casos no se sienten cómodos con estos activos de elevado riesgo. Francisco del Olmo, subdirector de FinTech y ciberseguridad de la CNMV, destacó este jueves que los modelos de negocios de los proveedores criptos son muy complejos y que el papel de la ESMA como supervisor único garantizará mayor convergencia en este ámbito.

Así, si bien durante el desarrollo de MiCA se planteó establecer una supervisión única para vigilar a la industria, idea que finalmente no se llevó a cabo. La labor quedó en manos de las autoridades locales, y con el regulador europeo coordinando la autorización de los proveedores de mayor tamaño y “promoviendo la convergencia supervisora” entre los supervisores nacionales. Pero en estos meses desde la aplicación de la norma han surgido discrepancias evidentes entre los reguladores nacionales, que han trabajado a diferentes velocidades y con doble vara de medir. Prueba de ello es el informe que emitió este verano la ESMA, en el que cuestionó la falta de rigor en el proceso de concesión de licencias por parte del regulador de Malta.

El documento provocó nerviosismo entre el resto de los reguladores e incluso en la industria. Los supervisores francés, italiano y austriaco llegaron a instar la vigilancia directa de la ESMA sobre las principales empresas de activos digitales, puesto que se trata de un mercado transfronterizo, concentrado en un puñado de actores globales que, una vez recibida la licencia, pueden operar en toda la Unión. Para estas autoridades, un sistema de control desigual podría acarrear riesgos significativos para la protección del inversor. La industria, por su parte, ha reclamado en los últimos meses mayor firmeza y uniformidad para garantizar condiciones de competencia equitativas. Aunque algunos temen que centralizar el proceso pueda generar un cuello de botella a la hora de otorgar licencias, muchos defienden que es la única vía para que las reglas del juego sean iguales para todos.