Leire Díez y el expresidente de la SEPI quedarán en libertad después de que la Fiscalía no haya pedido prisión

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado este sábado la puesta en libertad de la exmilitante socialista Leire Díez, con la aplicación de medidas cautelares (retirada de pasaporte y comparecencias periódicas), según detallan fuentes jurídicas, que precisan que el ministerio público ha reclamado la misma medida para Vicente Fernández Guerrero, expresidente de la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales); y para el empresario vasco Antxon Alonso, propietario de la mercantil Servinabar y amigo de Santos Cerdán, ex secretario de Organización del PSOE. Díez, Fernández y Alonso han comparecido esta mañana ante el magistrado Antonio Piña, responsable del Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional, después de que fueran detenidos el miércoles por su presunta implicación en una nueva trama de corrupción. Las pesquisas, que se mantienen bajo secreto de sumario, se centran en delitos de prevaricación, malversación, tráfico de influencias y organización criminal.

Al no pedir nadie la entrada en prisión, ya que la causa está secreta y no hay más partes personadas, el magistrado no puede decretar su encarcelamiento, según fuentes jurídicas. El juez Piña ha asumido la dirección de esta investigación relacionada con contrataciones públicas, sobre la que ya llevaba tiempo trabajando la Fiscalía. El magistrado previó que los tres detenidos fueran puestos a su disposición a partir de las 10.00 de este sábado. La Guardia Civil, que los mantenía bajo custodia desde el miércoles, los ha trasladado a primera hora de esta mañana a la Audiencia Nacional, adonde han llegado a las 08.30.

Al encontrarse bajo secreto, los detalles de este nuevo sumario se conocen a cuentagotas. Según detallan fuentes cercanas a la investigación, la Unidad Central Operativa (UCO) del instituto armado cree que los sospechosos forman parte de una presunta trama de corrupción que comenzó a operar a mediados de 2018, al poco de llegar el PSOE a La Moncloa tras la moción de censura de Pedro Sánchez a Mariano Rajoy (PP). Entonces, Fernández asumió el mando de la SEPI y Díez fue nombrada responsable de Comunicación de Enusa, la empresa pública de uranio, que estaba presidida por un dirigente del entorno de José Luis Ábalos, José Vicente Berlanga, al que también se mantiene bajo sospecha.

Fuentes jurídicas detallaron el jueves que se habían practicado ya 19 registros en varias provincias de España. Entre otros puntos, la UCO acudió a un piso de la madrileña calle Diego de León, donde Díez mantenía reuniones con empresarios; a un despacho de abogados de Sevilla; y a la sede de Servinabar. Los agentes también se personaron en las oficinas de Forestalia, una compañía de renovables. Y la Guardia Civil se trasladó para recopilar información a dependencias de, entre otras instituciones, la propia SEPI; Enusa; Correos (donde Díez fue directora de Filatelia y Relaciones Institucionales tras su paso por Enusa); la Sociedad Estatal de Promoción Industrial y Desarrollo Empresarial (Sepides); y la Dirección General de Política Energética y Minas, perteneciente al Ministerio de Transición Ecológica.