Leire Díez declara ya ante el juez de la Audiencia Nacional por la nueva trama vinculada al PSOE

La exmilitante socialista Leire Díez ya está ante el juez de la Audiencia Nacional para ser interrogada por una trama de corrupción, en la que están salpicados otros ex altos cargos del Gobierno socialista.

Según fuentes presentes en el interrogatorio, Díez y los otros dos detenidos, el expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Fernández y el dueño de la empresa navarra Servinabar, Antón Alonso, fueron conducidos a primera hora de la mañana desde las dependencias de la Guardia Civil en Tres Cantos a los calabozos de la Audiencia Nacional.

Alrededor de las once de la mañana, han empezado a declarar, iniciando la ronda de interrogatorios la propia Díez. Una vez que finalicen, se convocará vistilla para que la Fiscalía Anticorrupción solicite medidas cautelares para ellos, que puede pasar desde reiterada de pasaporte y comparecencias periódicas en el juzgado hasta la prisión con o sin fianza.

Se les investiga por los delitos de fraude, falsedad documental, malversación, tráfico de influencias y prevaricación por una trama vinculada a empresas públicas. De ahí que durante tres días agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil haya llevado a cabo registros y requerimientos en una veintena de empresas públicas -como Correos- y privadas e incluso en ministerios como los de Hacienda o Transición Ecológica. 

Los tres principales implicados

Leire Díez lleva meses en el centro del huracán después de revelarse unos audios en los que se presentaba como la “mano derecha” del exsecretario de organización del PSOE Santos Cerdán. El juzgado de instrucción número nueve de Madrid ya la investiga por otra causa en la que le atribuyen los supuestos delitos de cohecho y tráfico de influencias.

La Fiscalía considera que Díez puedo incurrir en esas conductas delictivas al “presentarse a sí misma como representante cualificada del PSOE al efecto de neutralizar determinados procedimientos judiciales mediante la descalificación de los funcionarios de la Policía Judicial, concretamente a la UCO, o de la Fiscalía”.

Por su parte, Fernández estuvo solo un año dirigiendo la SEPI —después de llegar a ella de la mano de la ministra de Hacienda María Jesús Montero, tras le cambio de Gobierno en el 2018— y lo abandonó tras ser imputado por la jueza de los ERE Merceces Alaya por una concesión de la mina de Aznalcóllar a Minurbis-Grupo México.

Tras su salida de la empresa estatal trabajó para Servinabar del 2021 al 2023, según fuentes de la investigación. Esta empresa navarra está en el epicentro de la investigación a Cerdán. Tanto la Audiencia Nacional como el Tribunal Supremo tienen indicios de que esta empresa, de Antxón Alonso, era tapadera para que Cerdán cobrara comisiones ilegales.

Las investigaciones de la UCO destaparon que el ex secretario de Organización del PSOE habría firmado un contrato privado para obtener el 45% de la compañía aunque nunca llegó a elevarse a público.