La UCO detiene a una tercera persona en Bizkaia vinculada con la trama de la exmilitante del PSOE

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil continúa con la operación que ayer se saldó con la detención de la exmilitante del PSOE Leire Díez y el expresidente de la Sepi Vicente Fernández, investigados por los presuntos delitos de fraude, falsedad documental, malversación, tráfico de influencias y prevaricación.

Según confirman fuentes policiales a La Vanguardia, hay un tercer individuo detenido en Bizkaia, cuya identidad aún no ha trascendido, en el marco de una causa secreta relacionada con la supuesta contratación pública fraudulenta que ha impulsado la Audiencia Nacional en coordinación con la Fiscalía Anticorrupción. Están acusados de fraude, falsedad documental, malversación, tráfico de influencias y prevaricación.

La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) es el nexo de unión entre los arrestados. Fernández se puso al frente de la empresa pública en el 2018 de la mano de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, tras la moción de censura que llevó a Pedro Sánchez a la Moncloa. Ese mismo año, Díez –que fue concejal del PSOE en el municipio cántabro de Vega de Pas entre el 2011 y el 2014– fue nombrada responsable de comunicación de Enusa, la empresa dependiente de la SEPI que realiza el suministro de uranio a las centrales nucleares españolas.

Fernández solo estuvo un año en el cargo, después de verse obligado a dimitir en el 2019 tras ser imputado por la jueza de los ERE de Andalucía, Mercedes Alaya, por la concesión de la mina de Aznalcóllar a Minurbis-Grupo México. La Audiencia de Sevilla terminó absolviendo a los 16 encausados. Díez salió de Enusa en el 2021. Tras su salida de la SEPI, el ahora arrestado trabajó, entre el 2021 y el 2023, para Servinabar, según fuentes próximas a la investigación. Esta empresa de navarra está en el epicentro de la trama que presuntamente lideraría el ex secretario de organización del PSOE Santos Cerdán en la que también están involucrados su antecesor en el cargo, José Luis Ábalos, y su exasesor Koldo García.

Tanto la Audiencia Nacional como el Tribunal Supremo tienen indicios de que Servinabar, propiedad del empresario Antxon Alonso, era una tapadera para que el ex número tres de Ferraz cobrase comisiones ilegales. Un informe de la UCO destapó que Cerdán, ahora en libertad tras pasar cinco meses en prisión, habría firmado un contrato privado para obtener el 45% de la compañía, aunque el documento nunca llegó a elevarse a público.