La tesis de los “pechos operados” que corría durante el juicio al FGE se cuela en su sentencia

“El asunto del fiscal general es como la de la famosa que se aumenta el pecho y aparece en un acto público y todo el mundo ve que se ha sometido a una operación estética porque es evidente. Si el médico que la ha operado filtra su historial o confirma la operación está revelando datos privados y estaría cometiendo un delito”.

Esta tesis corría como la pólvora tanto los días previos como durante el juicio entre bambalinas para explicar si el ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, podía haber cometido un delito al filtrar información reservada sobre la pareja de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid.

Durante todos esos días hasta que se conoció la sentencia del tribunal Supremo, periodistas, políticos y tertulianos lanzaban esta tesis: ¿Es García Ortiz culpable? Quien lanzaba esta teoría argumentaba que el hecho de que el número 1 de la Fiscalía hubiese autorizado que se publicase una nota informativa relatando cómo el letrado de Alberto González Amador había ofrecido un pacto de conformidad al fiscal y asumir la comisión de dos delitos fiscales a cambio de no ir a juicio era como si un médico hubiese divulgado el historial médico de una persona de relevancia pública.

La teoría que circulaba en ciertos círculos, sobre todo vinculados al Partido Popular y a una parte de la judicatura es que García Ortiz debía ser condenado porque había quebrado el deber de reserva al que está sometido como funcionario público y con mayor grado por el cargo que ostentaba.

Pues bien, esta tesis ha acabado haciéndose realidad al quedar plasmada de manera similar en el cuerpo de la sentencia que ha condenado a García Ortiz a dos años de inhabilitación por un delito de revelación de datos reservados.

La resolución dictada este martes dice literalmente: “el cirujano plástico que ha operado a una celebridad y cuyo cambio físico ha generado el debate público acerca de si su nuevo aspecto es o no fruto de una intervención quirúrgica, o cualquier acto médico, nunca podría terciar en la polémica confirmando o desmintiendo la realidad de esa operación. Si lo hiciera, incurriría en responsabilidad criminal”. Este fue uno de los debates aquellos días, que ha sido confirmado por los magistrados que han firmado la sentencia.

“Reforzado deber de reserva”

“Sobre García Ortiz pesaba un reforzado deber de reserva que quebrantó sin justificación”, alegaron en la resolución. Es decir, daba igual si cuando se publicó la nota de prensa para desmentir un bulo del jefe de gabinete de Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, ya se conocía que González Amador había intentado llegar a un acuerdo con la Fiscalía o que se hubiese hecho público el expediente tributario donde se certificaba que habría defraudado 350.000 euros al fisco.

Como fiscal general y como miembro de la carrera fiscal tenía el deber de salvaguardar esos datos aunque hubiesen sido ya conocidos. Es decir, daba igual si un periodista hubiese publicado que una famosa se había operado los pechos. El médico no podía confirmarlo ni decirlo. Y por esa razón, García Ortiz ha sido condenado.

Otro ejemplo que está recogido en la sentencia: “el conocimiento por muchos vecinos y compañeros de trabajo de que una persona padece una enfermedad de transmisión sexual no exonera de responsabilidad al médico que, con acceso privilegiado a la historia clínica, lo confirma frente a aquellos que dudaban de la información”.

Por tanto, el que en un expediente de conformidad -entre abogado y fiscal-, se verbalice un reconocimiento del delito, “no autoriza al fiscal que ha conocido de esa disposición procesal a su divulgación, pues de no concretarse en un acuerdo de conformidad, las posibilidades de defensa quedarían, ciertamente, mermadas si desde la acusación se divulgan las estrategias de defensa que, en un momento determinado y para evitar el juicio, han expuesto un reconocimiento de los hechos”.