La patronal española de recarga impulsada por Tesla: “El retorno sobre la inversión es mucho más rápido en otros países”

La instalación de puntos de recarga ultrarrápida de acceso público es una de las materias pendientes de España en el ámbito del vehículo eléctrico. Desde que se firma un proyecto hasta que un punto de recarga entra en funcionamiento pueden pasar hasta dos años, según denuncia el sector. “En Francia o Bélgica, un proyecto de este tipo son unos seis meses frente a los dos años de España. Tenemos la frustración de invertir mucho dinero y tener que esperar años para ponerlos en marcha. Los inversores se pueden plantear por qué invertir en España cuando el retorno sobre la inversión es mucho más rápido en otros países”, reflexiona Bastien Verot, consejero delegado de Electra España y nuevo presidente de AORU —es un cargo que va rotando entre los fundadores cada seis meses—, la patronal nacional de operadores de recarga ultrarrápida, en una entrevista con CincoDías.

Esta asociación empresarial —impulsada por seis compañías, entre ellas Tesla— surgió en diciembre de 2024 como una escisión de Aedive, otra organización que representa al conjunto del sector del coche eléctrico. “Aedive siempre ha defendido nuestros intereses, pero era necesario como sector de recarga tener una voz, defender nuestros propios intereses, tener nuestra propia asociación frente a las instituciones públicas (...). Aoru aparece ahora también como patronal para ser consultada. Trabajamos muy bien con Aedive, pero ellos tienen un sector mucho más amplio”, explica Verot, que resalta “el buen diálogo con el Gobierno” —o con otras patronales, como Anfac, que representa a los fabricantes de coches— en relación a las principales peticiones del sector.

La primera de ellas, afirma, es la necesidad de hacer cumplir la ley en relación a la declaración responsable para la instalación de un punto de recarga. Esta fue una medida incluida en el Real Decreto-ley 29/2021 para agilizar los trámites de construcción, para que así solo haga falta una mera declaración responsable de la empresa interesada en poner el punto. “Uno de los principales cuellos de botella de nuestro sector es el permitting, algo que se simplificaba con la declaración responsable, pero no es el caso, porque nadie lo aplica. A muchos ayuntamientos les da igual y piden una licencia de obra, lo que puede demorar unos años”, señala el directivo.

La otra gran petición de AORU es la necesidad de tener “un mapa interactivo de la media tensión en España”, para saber dónde hay posibilidad de pedir la instalación de un punto de recarga. “Esto nos permitiría ganar hasta seis meses de tiempo (...) No podemos perder el tiempo buscando un punto de conexión, para que luego nos lo rechacen y tener que volver al punto de partida. Es como tirar un dado y ver lo que nos toca”, afirma Verot. Esta solicitud se contempla en la ley de movilidad sostenible de diciembre del año pasado, un Real Decreto para el que AORU fue consultada. En ella, se indica que “en el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de la presente ley, las entidades encargadas de la actividad de distribución eléctrica deberán poner a disposición del Ministerio para la Transición Ecológica la información relativa a las características y capacidades de la red eléctrica en las ubicaciones habilitadas para instalar puntos de recarga”.

La “revolución” de los e-credits

Otra medida que busca impulsar AORU para ayudar a un sector que actualmente no es rentable, como es el de los operadores de recarga, por la aún escasa penetración del vehículo eléctrico, es la implantación de los conocidos como e-credits. Este mecanismo, “casi revolucionario” en palabras de Verot, está incluido en el nuevo real decreto sobre combustibles renovables en el que está trabajando el Ministerio de Transición Ecológica. Dicho sistema permitirá que los operadores que suministren energía renovable puedan vender esos e-credits a empresas que estén obligadas a incluir un porcentaje de energía renovable en su venta de combustible. Ahí se incluirá no solo a compañías que vendan carburante para el transporte por carretera, sino que el real decreto también afectará al transporte marítimo y aéreo, explican fuentes de Transición Ecológica.

“Esto nos posibilitaría tener una buena inyección de dinero extra. Estamos trabajando con el Gobierno desde hace un año en ello y se muestran proclives”, añade el presidente de AORU. El real decreto está en tramitación y debería estar listo este año, indica el ministerio que dirige la vicepresidenta tercera de Gobierno, Sara Aagesen.

Por otro lado, el sector recibió otro guiño importante de parte del Gobierno a finales de diciembre, con el anuncio del programa de ayudas Moves Corredores, dotado con 300 millones, para incentivar la instalación de puntos de recarga en aquellas zonas desprovistas de infraestructura en las carreteras españolas. “Todas las subvenciones son bienvenidas, pero lo que necesitamos es una regulación estable en el tiempo. Esto último es casi más importante, porque es lo que nos piden los inversores. Necesitamos tener claro donde queremos ir como país”, sentencia Verot.