La lista de espera de año y medio y la elevada tasa de mortalidad sin recibir valoración lastran la Dependencia en Andalucía

En lo que va de año, 6.784 andaluces han fallecido pendientes de valoración o prestación (5.486, sin grado reconocido y 1.298, con derecho, pero sin ayuda), una quinta parte del total nacional y 1.033 más de los que murieron en 2024. Es la consecuencia mortal de lo que se tarda en esta comunidad en ser atendido por el sistema de Dependencia: 512 días -casi un año y medio-, 166 más que la media nacional de 346 días (el triple del plazo legal de 180). Estas cifras evidencian el “colapso estructural” de la Dependencia en Andalucía, de acuerdo con el último informe elaborado por la Federación de Organizaciones Andaluzas de Mayores (FOAM), un escenario que solo puede empeorar si se atiende a la alta presión demográfica y a un crecimiento de la población mayor que no va acompañada de un incremento de recursos humanos y financieros, que de por sí son insuficientes.

“En las condiciones actuales, sin más financiación, y con una entrada creciente de solicitudes, el sistema solo podría gestionar el flujo ordinario, pero no tiene capacidad para vaciar el embudo acumulado ni para absorber el crecimiento de la demanda”, indica Martín Durán, presidente de FOAM. El responsable del estudio, elaborado con los últimos datos de 30 de noviembre del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) publicados por el Imserso y a partir de las proyecciones demográficas del Instituto Nacional de Estadística, destaca cómo en el último año la población andaluza de más de 65 años, la principal usuaria del sistema, ha crecido en 45.173 personas (2,9%). “Esto significa que hay más gente con problemas, de movilidad, enfermedades…, y esto se observa en un incremento de solicitudes”, indica Durán. “La combinación de la alta presión demográfica, gran volumen de expedientes gestionados, listas de espera extensas, tiempos medios muy superiores a la media estatal y un número desproporcionado de personas fallecidas esperando valoración o prestación, configura un escenario de colapso estructural del SAAD”, concluye el informe.

Lucas Barrero lo sufrió en dos ocasiones. Cuando en junio de 2020 su madre Dolores, con una enfermedad rara, empezó a sufrir los síntomas del Parkinson, solicitaron la valoración, pero tuvieron que esperar un año entero hasta que comenzaron a recibir el servicio. “Tenía grado 3 desde el principio, pero la asistencia que nos dieron era un pequeño parche para los grandes dependientes”. La cosa no fue mejor cuando en verano de 2023 solicitaron la revisión de la prestación, al haber empeorado considerablemente sus condiciones. “Hasta el día que murió mi madre, en febrero de este año, no recibimos ninguna llamada”, relata Barrero, con la rabia contenida.

En esos dos años y medio el Gobierno andaluz reformó el modelo de atención para agilizar los tiempos de respuesta y atención, pero en el caso de Barrero enquistó más la situación de su madre. “Acudimos al Defensor del Pueblo y la Junta respondió que con el cambio de procedimiento se habían cambiado los criterios de preferencia y en lugar del tiempo de espera, primaba la renta”, explica. “Se prestan servicios, pero son totalmente insuficientes para cubrir las necesidades de los grandes dependientes y ni se cumplen los plazos legales para ofrecerlos, ni funcionan los mecanismos de reclamación para que se cumplan”, resume sobre su experiencia con el sistema.

El problema, de acuerdo con el informe de FOAM, no es tanto producto de una “mala gestión”, como de la “insuficiencia estructural de medios” para responder a la demanda en los tiempos legales requeridos. En marzo del año pasado, la Junta cambió el modelo que tanto perjudicó a la madre de Barrero, cuando las listas de espera superaban los 600 días, unificando en una sola resolución administrativa el reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones. La comunidad es la que más solicitudes tramita de España, 446.477 de las 2,3 millones del total estatal, y se sitúa entre las regiones con mayor volumen de cobertura, con una tasa del 92,5% (1,2 puntos por encima de la media). De 346.407 personas con derecho, 320.680 son beneficiarias con prestación activa.

6.784 fallecidos esperando al procedimiento

Lucas Barrero con la foto de su madre, Dolores, que falleció dos años y medio después de haber solicitado la revisión de la prestación por Dependencia, sin recibirla. MAYA BALANYA

Pero estos buenos indicadores se quedan en nada cuando se confrontan con las 25.727 personas que tienen el derecho reconocido, pero que no han recibido la prestación, o las 41.344 que están en lista de espera total, la cifra más alta de España, solo por detrás de Cataluña, con 84.464. “Estos datos demuestran que el sistema no es capaz de traducir en tiempo y forma todo el derecho reconocido en protección real, manteniendo una bolsa de “derechos teóricos que se prolongan excesivamente en el tiempo”, indica el informe.

La demora media de espera, 512 días, la más alta del país -solo por debajo de Murcia (565)-, y el número de fallecidos esperando al procedimiento, 6.784 -el mayor después de Cataluña (8.356), de un total de 30.470 muertos en todo el país-, “neutralizan el esfuerzo relativo” de la administración andaluza en tratar de revertir el estado del sistema y “refuerzan la idea del colapso andaluz en Dependencia”, subraya Durán. Ese coste humano en vidas, entre ellas el de Dolores, es superior al total del año pasado en la comunidad, 5.751, a falta de un mes para concluir 2025, y es significativamente más elevado que el de otras comunidades grandes, como la valenciana, con 2.725, o la de Madrid, con 1.423. El informe pone el énfasis en que, de esos 6.764 fallecidos, 5.486 lo hicieron sin ni siquiera haber sido valorados, lo que evidencia “un cuello de botella inicial tan severo que la mortalidad se produce antes de que el sistema determine el grado de dependencia”.

Todos estos factores contribuyen a que la comunidad ocupe la última posición nacional en eficacia real de gestión, que se mide por el tiempo de tramitación y el coste humano asociado, se indica en el documento. “Los trabajadores sociales son conscientes de la situación y ellos mismos te animan a que te busques otros servicios de carácter privado y que muchas veces son prestados por personas en condiciones irregulares, es el propio sistema público el que te está empujando hacia los cuidados privados”, apunta Barrero.

Financiación extraordinaria

FOAM advierte de que matemáticamente será imposible alcanzar la cifra de los 180 días de espera que marca la ley si no se cuenta con una financiación extraordinaria. No parece que esa sea la senda que está siguiendo el Gobierno andaluz, de acuerdo con la cantidad destinada a Dependencia en los presupuestos autonómicos de 2026. La partida consignada a este servicio es de 2.610 millones de euros, el 5,06% del total, un porcentaje similar al que se destina a Agricultura (5,10%) y que, tal y como apuntó Durán durante su comparecencia en la tramitación parlamentaria, no es real porque 144,5 millones de esa cantidad (el 5,54%) van dirigidos a programas ajenos a la Ley de Dependencia.

Durán advierte de que “el crecimiento económico del que goza la comunidad no llega a la dependencia”. Aumenta el PIB y también la población mayor de 65 años, pero en lugar de expandir los recursos destinados al sistema, la inversión real en los últimos ocho años apenas avanza, pasando del 0,78% del PIB, en 2018, al 1,13% para 2026. FOAM reclama en su informe que el presupuesto destinado a Dependencia alcance el 2% del PIB y llama la atención sobre la supeditación de la financiación de este servicio a los fondos estatales, que se han triplicado en este período de tiempo, pasando de 248 millones a 770 el año próximo.

En este sentido, el Gobierno de Moreno recrimina al central que no cumpla con la obligación de asumir el 50% de la financiación del Sistema de Dependencia, algo que, por otra parte, nunca ha hecho, aunque en los últimos años se ha ido incrementando, oscilando del 19,22%, en 2019, al 37,74% de 2023, un porcentaje que se reducirá del 32,96% actual al 29,50%, en 2026. En este período, las cantidades aportadas por la Junta se han reducido en la misma proporción. Con todo, Andalucía es la comunidad que más financia el Estado en materia de Dependencia y, como subraya Durán, el paulatino e insuficiente aumento del presupuesto andaluz en este servicio público ha sido posible gracias al Estado que ha triplicado su aportación, en un 210%, mientras que el de la Junta solo ha crecido un 81,75%.

Además de que la partida para dependencia alcance el 2% del PIB regional y de que se inste desde el Parlamento andaluz al Gobierno de España a que asuma el 50% de la financiación, FOAM reclama en su informe un plan extraordinario de financiación entre 2016 y 2029 para garantizar la viabilidad social de la Dependencia, proteger a las personas mayores dependientes y reducir el coste humano del retraso, que, sin una acción inmediata, se da por hecho que se mantendrá en niveles de 6.000-7.000 fallecidos al año.