La investigación apunta que la trama de Leire Díez y el expresidente de la SEPI comenzó a actuar al poco de llegar el PSOE al Gobierno

La supuesta trama de corrupción desmantelada este miércoles tras la detención de la exmilitante socialista Leire Díez y el que fuera presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Fernández Guerrero comenzó presuntamente a operar al poco de llegar el PSOE al Gobierno, a mediados de 2018. La investigación dirigida por la Fiscalía Anticorrupción y la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, y que ahora está judicializada en la Audiencia Nacional, apunta a que las supuestas irregularidades en la adjudicación de contratos y subvenciones públicas se remontan al momento en el que Fernández se hizo cargo del organismo público y la exconcejala del PSOE pasó a ocupar un puesto en la empresa pública ENUSA Industrias Avanzadas SA, dependiente precisamente de la SEPI.

Ambos están acusados de la presunta comisión de los delitos de fraude, falsedad documental, malversación, tráfico de influencias y prevaricación. La causa, que dirige ahora el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Antonio Piña, sigue secreta y está previsto que a lo largo de este jueves se sigan realizando diligencias. El miércoles fue detenida una tercera persona en la provincia de Bizkaia, cuya identidad no ha transcendido hasta el momento. Esta mañana se han iniciado registros en empresas de Madrid, Sevilla y Zaragoza, informa José Manuel Abad.

Según detallan fuentes cercanas a las pesquisas, parte de estas se centran en una empresa vasco-navarra, Cistec Technology, de la que Leire Díez fue consejera entre 2021 y 2023, justo después de dejar su puesto en ENUSA. Coincidiendo parcialmente en el tiempo con este puesto en la mercantil, la exmilitante socialista ocupó también un cargo público, el de directora de Filatelia y Relaciones Institucionales de Correos (2022 y 2024). Cistec pasó a estar participada en 2018 en un 25% por la SEPI, justo tras la llegada de Fernández a este organismo público. Tras esta entrada de capital público, la compañía recibió numerosas subvenciones y contratos de dinero público, destacan las fuentes consultadas. La compañía ha negado siempre cualquier irregularidad y detallado que mientras ocupó el puesto de consejera, Díez no recibió ninguna retribución.

Otra línea de investigación se dirige a Sevilla y, en concreto, a un local de hostelería situado en la isla de La Cartuja, el Bar La Bola. Este establecimiento pertenece desde 2023 a una sociedad supuestamente controlada por el expresidente de la SEPI. Las fuentes consultadas destacan que tras el desembarco de este, el bar pasó de registrar pérdidas a facturar importantes cantidades de dinero, por lo que la UCO investiga si el mismo pudo ser utilizado para blanquear el dinero presuntamente obtenido de manera irregular por la trama.

La Guardia Civil también ha puesto el foco en el patrimonio de Fernández, sobre todo el acumulado a partir de su llegada a la SEPI. Según apuntan las pesquisas, este tiene registrados a su nombre un piso de más de 300 metros cuadrado en una urbanización de lujo de Puerta de Hierro, de Madrid; dos chalets en una exclusiva urbanización en El Aljarafe (Sevilla); tres inmuebles en Marbella en primera y segunda línea de playa, garajes y trasteros. Las estimaciones de los investigadores sitúan el valor de todo ello por encima de los cuatro millones de euros.

A los investigadores tampoco se les ha pasado por alto que Fernández trabajó entre 2021 y 2023 como asesor externo de Servinabar 2000, la empresa navarra en la que supuestamente tiene participaciones el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán y que es pieza clave en la investigación del Tribunal Supremo en el están imputados este último y el exministro socialista José Luis Ábalos. En esta causa consta documentación que detalla que esta mercantil pagó a Fernández un salario bruto de 68.632,48 euros en 2021 y otro de 33.251 euros en 2023. Además, Hacienda de Navarra remitió información de que la constructora le retuvo en impuestos en 40.800 euros en 2022, aunque la documentación no concreta lo que percibió en aquel ejercicio.