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La Guardia Civil ha detenido a Leire Díez, conocida como la fontanera del PSOE, y a Vicente Fernández, ex presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi) y uno de los exhombres de confianza de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en el marco de una investigación sobre corrupción.
Se trata de un asunto dirigido por el juez de la Audiencia Nacional Antonio Piña con la supervisión de la Fiscalía Anticorrupción. La operación sigue en marcha y está bajo secreto de sumario. Díez y Fernández han sido trasladados a la comandancia de la Benemérita en Tres Cantos, según confirman a La Vanguardia fuentes policiales.
Díez había sido detenida junto a Vicente Fernández, ex presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi) y ex mano derecha de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. La investigación, que está bajo secreto de sumario, se sigue en el juzgado central de instrucción numero seis de la Audiencia Nacional, cuyo titular es Antonio Piña.
Fernández trabajó para la empresa Servinabar de 2021 a 2023, según fuentes de la investigación. Servinabar es una empresa de servicios cuyo titular es Antxón Alonso, según el Registro Mercantil. Las investigaciones de la UCO destaparon que el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán era propietario en la sombra del 45% de la compañía a través de un contrato privado que nunca llegó a elevarse a público.
Leire Díez se había presentado ante la opinión pública como una periodista que pretendía escribir un libro sobre diversos casos de corrupción. Pero desde hace tiempo ya es conocida como la “fontanera” del PSOE. El juzgado de instrucción número nueve de Madrid ya la investiga por otra causa en la que le atribuyen los supuestos delitos de cohecho y tráfico de influencias.
La Fiscalía considera que Díez puedo incurrir en esas conductas delictivas al “presentarse a sí misma como representante cualificada del PSOE al efecto de neutralizar determinados procedimientos judiciales mediante la descalificación de los funcionarios de la Policía Judicial, concretamente a la UCO, o de la Fiscalía”.
Lo que el juez de plaza Castilla investiga es si Díez trató de comprar “con beneficios procesales o profesionales” a empresarios y fiscales a cambio de información para atacar a miembros de la Guardia Civil y del Ministerio Público.
Según consta en autos, Díez habría mantenido tres reuniones cuyo objetivo consistía en “denigrar a las dos instituciones mencionadas, la UCO y la Fiscalía Anticorrupción, provocando así nulidades y descrédito de los investigadores oficiales” en determinados pleitos.
Además, Díez se habría reunido también con el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán y con el ex asesor de Moncloa Antonio Hernando, según declaró ella misma ante el juez. Tanto Cerdán como Hernando tendrán que declarar ante el titular del juzgado de instrucción por este asunto.
Por lo que respecta a esas tres reuniones ya documentadas en el sumario. La primera tuvo lugar en febrero de este año. En ese encuentro, acaecido en un despacho de Madrid, Díez “intentó convencer al empresario Alejandro Hamlyn de que le facilitase información negativa acerca del jefe del departamento de delincuencia económica de la UCO”, Antonio Balas.
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