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El Tribunal Supremo de Estados Unidos se dispone a escribir una de las páginas más importantes para el futuro del país. Los nueve jueces de la Corte, de mayoría conservadora (por seis a tres), tienen previsto escuchar este miércoles los argumentos de las partes del caso de la ciudadanía por derecho de nacimiento, uno de los procesos que afecta a la esencia misma de la nación y que puede redefinir quién es considerado ciudadano estadounidense. El caso busca determinar si la orden presidencial dictada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el primer día de su segundo mandato, para limitar el derecho de ciudadanía por nacimiento, es constitucional. El presidente tiene previsto asistir a la reunión este miércoles, una decisión sin precedentes históricos.
La norma que examinará en Supremo establece que los bebés nacidos en el país no tienen derecho automático a la ciudadanía si sus padres están en el país sin documentación o de forma temporal. Para ello, la Casa Blanca reinterpreta la decimocuarta enmienda, incluida en la Constitución de Estados Unidos en 1868, que otorga la ciudadanía “a todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos y sujetas a su jurisdicción”.
El presidente aseguró el martes ante los periodistas que se plantea asistir este miércoles a los argumentos orales ante la Corte Suprema sobre la ciudadanía por derecho de nacimiento. Si finalmente se presenta en la audiencia, será la primera vez en la historia que un presidente acude a la vista oral, un hecho que se interpreta como una presión inaudita a los magistrados.
“Acabar con la ciudadanía por derecho de nacimiento trastocaría la ley y la vida de cientos de miles de familias, al negar la ciudadanía a personas del único país que han considerado su hogar; personas que quedarían permanentemente en una subclase de niños nacidos en Estados Unidos a quienes se les niegan sus derechos como estadounidenses”, señala la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, en sus siglas inglesas).
Durante más de un siglo, todos los bebés nacidos en el país, salvo hijos de “diplomáticos extranjeros” o “de fuerzas invasoras extranjeras”, han sido considerados ciudadanos estadounidenses. Era la práctica habitual aceptada por los tribunales de forma general. Pero la orden de Trump, con la que busca cimentar uno de los principales ejes de su política migratoria, cuestiona la ciudadanía de 1,2 millones de niños y modifica la naturaleza de un país construido por inmigrantes.
La orden, sin embargo, nunca ha llegado a entrar en vigor porque varios tribunales federales la impugnaron al día siguiente de su firma y varios jueces dictaron sentencias prohibiendo la aplicación de la orden en todo el país. Pero la Administración Trump recurrió al Tribunal Supremo para que suspendieran los fallos que bloqueaban la aplicación.
En junio de 2025 la Corte dio la razón al inquilino de la Casa Blanca, pero el tribunal dejó abierta la puerta para recurrir a otras vías para bloquear una política a nivel nacional, como las demandas colectivas. Es precisamente lo que hizo la ACLU enseguida. Por esa demanda, la orden de Trump ha seguido sin llegar a aplicarse.
Un tribunal federal dio la razón a ACLU y, de hecho, todos los tribunales inferiores en los que se ha dirimido este debate jurídico han dictaminado que la ley de Trump es ilegal, pero la Casa Blanca elevó el caso a la Corte Suprema para que se pronunciara. Los magistrados del alto tribunal decidieron unificar todos los casos en la audiencia que mantendrán este miércoles bajo la denominación Trump vs Barbara.
En este caso concreto, un juez federal de New Hampshire prohibió a la Administración Trump la orden contra los niños nacidos a partir del 20 de febrero de 2025, fecha en que la orden debía entrar en vigor.
La clave: “Sujetas a jurisdicción”
No se espera que los jueces decidan de forma inmediata tras escuchar los argumentos orales de los abogados de los demandantes que buscan anular de una vez por todas la norma que limita el derecho de ciudadanía por nacimiento y, por otra parte, al procurador general, John Sauer, que defiende las tesis de Trump. Los expertos prevén que la decisión final del Supremo se conozca dentro de unos meses, en torno al verano.
“La Corte Suprema tiene la oportunidad de revisar la cláusula de ciudadanía de la Decimocuarta Enmienda y restablecer el significado original de la ciudadanía en Estados Unidos”, declaró la portavoz de la Casa Blanca, Abigail Jackson, en un comunicado. “Este caso tendrá enormes consecuencias para la seguridad de todos los estadounidenses”, apostilló.
Los demandantes sostienen que la orden entra en conflicto tanto con la jurisprudencia consolidada de la Corte Suprema como con la 14ª Enmienda, que establece: “Todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanos de los Estados Unidos y del Estado en el que residen”.
El objetivo de esta enmienda, que tiene casi 160 años, era revocar la polémica decisión de la Corte Suprema sobre el caso Dred Scott, el activista estadounidense de origen afroamericano. El alto tribunal sentenció en 1857 que una persona negra cuyos antepasados fueron trasladados a América y vendidos como esclavos no tenía derecho a ninguna protección por parte de los tribunales federales porque no era ciudadano estadounidense. La 14º enmienda corrigió ese despropósito.
Los demandantes también destacan que muchos de los argumentos esgrimidos por el Gobierno de Donald Trump están inspirados en pensadores supremacistas o racistas. La Administración sostiene que la cláusula de ciudadanía, que se añadió a la Constitución tras la Guerra Civil, simplemente tenía como objetivo garantizar que las personas anteriormente esclavizadas y sus hijos fueran ciudadanos estadounidenses “en lugar de a los hijos de los extranjeros que se encuentran temporales en Estados Unidos o de inmigrantes indocumentados”, según defendió el procurador general Sauer en su alegato escrito presentado ante la Corte Suprema.
Trump expresó este martes su opinión, la víspera de que el Supremo escuche los alegatos de las partes, a través de una publicación en su red social, Truth: “La ciudadanía por derecho de nacimiento tiene que ver con los hijos de esclavos, no con multimillonarios chinos que tienen 56 hijos, todos los cuales se convierten en ciudadanos estadounidenses. ¡Una de las muchas grandes estafas de nuestro tiempo!“, escribió.
El mandatario, que prevé acudir este miércoles a la audiencia del Supremo, insiste en que quiere poner freno al turismo de natalidad, en referencia a los extranjeros que viajan a Estados Unidos para que sus bebés tengan la ciudadanía estadounidense, una práctica que es minoritaria.
Romper la tradición de 160 años
Argumenta el Gobierno republicano que la ciudadanía de un niño depende de la nacionalidad de sus padres, no de su nacimiento en Estados Unidos. Por eso, añaden, los padres deben estar domiciliados legalmente en el país para que los bebés puedan optar a la ciudadanía.
La Casa Blanca también hace una interpretación originalista de la Constitución, según la cual los bebés nacidos en suelo estadounidense solo tenían derecho a la ciudadanía si nacían bajo lealtad al Gobierno. Se basan en el sintagma incluido en la decimocuarta enmienda que dice “sujetas a jurisdicción”, lo que excluye a los niños de inmigrantes no registrados ni visitantes temporales.
Recuerdan otro caso del Supremo de 1898: Estados Unidos contra Wong Kim Ark, en el que el tribunal dictaminó que un hombre, que nació en San Francisco, de padres chinos pero residentes en Estados Unidos, era ciudadano estadounidense por nacimiento. El procurador general recurrió, sin embargo, a este caso arguyendo que la Corte reafirmaba que la ciudadanía se concedía porque los padres eran residentes legales.
Sin embargo, durante más de 125 años los tribunales han interpretado esa frase en sentido amplio y que se refería a toda persona nacida en territorio estadounidense. Las asociaciones civiles, lideradas en este caso por la ACLU, defienden la interpretación generalmente aceptada hasta ahora de la decimocuarta enmienda porque encarna, aseguran, los valores estadounidenses fundamentales de igualdad y oportunidad.
Buena parte del debate en torno a la cláusula de ciudadanía se centra no solo en la historia y los precedentes, sino también en el texto jurídico y en su requisito de que para optar a la ciudadanía por derecho de nacimiento, un niño no solo haya nacido en los Estados Unidos, sino que también esté “sujeto a su jurisdicción”, según explica Amy Howe, en Scotusblog.
Un artículo publicado por el think tank Brennan Center recuerda: “La documentación del Congreso indica que la garantía amplia a la ciudadanía por nacimiento de la Decimocuarta Enmienda siempre tuvo la intención de incluir a los hijos de inmigrantes, sin importar el estatus legal de sus padres”.
Y advierte: “La orden ejecutiva de Trump causaría grandes problemas en todo el país si se permite que entre en vigor. Los abogados que impugnan la orden sostienen que se les negará la ciudadanía a cientos de miles de niños y niñas en los Estados Unidos, y se creará entonces una nueva subclase de personas que carecen de la totalidad de derechos y protecciones que han gozado los ciudadanos por mucho tiempo”.
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