Koldo García acude al Constitucional en un último intento por parar el juicio de las mascarillas en el Supremo

Koldo García, el que fuera el hombre de confianza de José Luis Ábalos en el Ministerio de Transportes, ha movido ficha en un último intento por evitar el juicio previsto para el próximo 7 de abril en el Tribunal Supremo por la presunta trama de cobro de sobornos a cambio de contratos públicos para comprar mascarillas en plena pandemia, que le sentará a él, al exministro y al presunto conseguidor, Víctor de Aldama, en el banquillo. El exasesor ha presentado un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional alegando las mismas cuestiones de nulidad que ya esgrimió ante el Supremo y que fueron rechazadas.

El escrito de la defensa de García, ejercida por la abogada Leticia de la Hoz, se dirige precisamente contra esa última resolución, un auto del pasado 3 de marzo con el que el Supremo acordó avanzar a juicio. La abogada pide suspender la aplicación de dicha decisión judicial, lo que de facto implicaría suspender también la vista oral, a la espera de lo que acuerde definitivamente el Constitucional.

El recurso de amparo, al que ha tenido acceso EL PAÍS, insiste en las diez cuestiones de nulidad planteadas en su escrito de defensa y en la audiencia preliminar que tuvo lugar el pasado 12 de febrero en el Supremo, precisamente, para estudiarlas a fondo. La más urgente es la que sostiene que el juicio debería celebrarse en la Audiencia Nacional ―donde comenzaron las pesquisas y continúan― porque el Supremo perdió su competencia cuando Ábalos, el único aforado ante el alto tribunal por ser miembro del Congreso de los Diputados, perdió este privilegio al renunciar al escaño.

El exasesor ministerial llegó a reclamar a los siete magistrados que le juzgarán que consultaran al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para que fijara la competencia. Pero el Supremo lo descartó reivindicando un acuerdo alcanzado en 2014 por el Pleno de su la Sala de lo Penal donde se establece que la competencia queda anclada en el tribunal que la tuviera al dictarse el auto de apertura de juicio oral. En este caso, Ábalos dejó el acta de diputado el 28 de enero y el instructor, el magistrado del Supremo Leopoldo Puente, abrió juicio el 11 de diciembre, por lo que el tribunal no tiene duda de que debe ser él quien juzgue el caso.