Huir de Sudán a la UE, un laberinto peligroso con incentivos para los traficantes

El primer contratiempo que a Alsheikh Haggar le causó el estallido de la guerra en su país, Sudán, fue tener que aparcar la carrera. En abril de 2023, cuando comenzaron a caer las primeras bombas, cursaba el grado en ingeniería civil. Más de dos años después, este estudiante de 25 años narra su historia como refugiado desde una cafetería de Madrid. Llegó de forma clandestina, pero ha retomado los estudios, ha regularizado su situación administrativa, ha encontrado la estabilidad. Lejos quedan los días en los que tuvo que huir con su familia rumbo a Egipto a través de un corredor humanitario. El suyo es un caso de éxito, pero Haggar es consciente de que su caso es una excepción. Las políticas europeas de externalización de fronteras convierten el éxodo de los sudaneses en un laberinto peligroso, donde milicias, traficantes y autoridades extranjeras deciden quién vive y quién muere.

La guerra entre el ejército regular de Sudán y las milicias rebeldes conocidas como Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) ha provocado el mayor desplazamiento humano del mundo desde abril de 2023: unos 12 millones de personas han abandonado sus hogares, incluidos más de tres millones que están fuera del país. La contienda ha dejado ciudades en ruinas, hospitales saqueados, escuelas abandonadas, mercados calcinados y un daño humano irreparable: entre 60.000 y 150.000 muertos en dos años y medio, según distintas estimaciones.

Salir se convirtió en la única esperanza para miles de familias como la de Haggar, aunque muchos prefieren quedarse para intentar proteger sus propiedades del ejército o las milicias, explica Jérôme Tubiana, asesor de Médicos Sin Fronteras (MSF) con amplia experiencia en migraciones en el norte de África. Sudán es un país extenso, rodeado de desiertos y con fronteras volátiles controladas por soldados, milicias y traficantes que deciden quién pasa y quién no. “Los sudaneses no miran a Europa; buscan un lugar seguro. Chad es relativamente seguro, pero cuando llegan encuentran que hay refugiados que llevan allí 20 años y no tienen nada, por lo que muchos, especialmente los jóvenes, deciden irse más lejos”, apunta.

Ese fue el sentir de Mokhtar Awad, ingeniero eléctrico de 30 años de Nyala, en Darfur, una región muy castigada por las RSF. Usa un nombre ficticio por temor a represalias contra su familia. En 2019, aunque no había guerra abierta, la inseguridad y la violencia ya eran graves desde 2003 debido a un conflicto racial entre etnias árabes y pueblos nilosaharianos. Awad decidió marcharse por lo que pudiera venir. “Llegar a Chad fue fácil, solo se necesita pasaporte, lo mismo para entrar a Libia”, relata este sudanés, residente en Madrid.

Unos niños caminan por el centro de tránsito de Tiné, en Chad, el 25 de noviembre.Amr Abdallah Dalsh (REUTERS)

El principal problema para quienes buscan refugio en Europa es la falta de vías legales y seguras. Para entrar en la UE es necesario un visado Schengen, cuyos requisitos (extractos bancarios, certificados de empleo, pruebas de alojamiento, billetes de ida y vuelta) son casi imposibles de cumplir cuando se huye de un país en guerra con lo puesto. La mayoría recurre entonces a vías irregulares, explica Séverine Courtiol, referente de Protección a la Migración de MSF. “Muchos sudaneses en Libia tienen derecho a asilo, pero no hay un sistema transparente para obtenerlo antes de salir. Llegan a Europa tras un viaje horrible en el que pueden perder la vida”, lamenta.

Los datos muestran que la UE está abierta a acoger sudaneses: entre 2023 y 2024 se presentaron unas 20.000 solicitudes de asilo, y otras 6.260 hasta noviembre de 2025. La tasa media de aceptación ronda el 70%, superior al 43% de la media, según datos de la Agencia de Asilo europea. En España llega al 92%. Sin embargo, pedir cita en una Embajada europea no sirve porque no aceptan solicitudes de asilo. Algunos países han concedido visados humanitarios, pero son casos contados, según analiza el informe Fortaleza en la arena: políticas de externalización de la UE y rutas migratorias transaharianas, del que Tubiana es autor principal.

A pesar del discurso de que la inmigración debe ser “segura y legal”, en la práctica muchos se ven empujados a rutas irregulares donde gastan grandes sumas en traficantes, señala el experto de MSF. “Las políticas europeas les hacen perder tiempo e incluso la vida; son contraproducentes porque acaban dando poder y dinero a actores peligrosos que generan más desplazamiento”.

Awad lo sabe bien: tras cruzar Chad y llegar a Libia, pasó más de un año en Trípoli trabajando y ahorrando para pagar una patera hacia Europa, pero fue estafado cuatro veces a razón de unos 2.000 euros cada una. “Pagaba y luego nadie aparecía en la playa; perdí muchísimo dinero”, recuerda. Frustrado, optó por ir a Argelia por tierra en busca de una alternativa.

Mohammed, un niño sudanés que llegó a Libia con su familia tras huir de la guerra en su país, vive acampado frente a las oficinas de Acnur en Trípoli, en verano de 2025.Yousef Murad (AP)

Los refugiados también se ven afectados por los controles fronterizos del norte de África, reforzados por políticas de cooperación y seguridad de la UE. Bruselas aporta fondos, tecnología, vehículos y cooperación policial a cambio de que países como Libia, Túnez, Mauritania o Egipto impidan la salida de extranjeros. Aunque la intención es combatir el tráfico de personas, estas políticas generan efectos “perversos”, según Courtiol. La financiación de países políticamente inestables puede tener el efecto contrario, al contribuir inadvertidamente a su desestabilización. Mientras, las mafias operan a sus anchas: según Europol, las redes de tráfico de migrantes hacia la UE generan cada año un volumen de negocio estimado entre 4.700 y 6.000 millones de euros anuales, y más del 90% de los migrantes irregulares que alcanzan la UE lo hacen usando sus servicios.

El Proceso de Jartum

La raíz de estas dificultades se encuentra en el Proceso de Jartum, una iniciativa de la UE lanzada en 2014 para coordinar la cooperación con países del Cuerno de África, entre ellos Sudán, en control migratorio y tráfico de personas. Bruselas se asoció con el Gobierno sudanés para frenar la migración irregular aprovechando su posición estratégica. Algunos analistas señalan que esto fortaleció indirectamente a actores militares sudaneses, concretamente las RSF, pues la cooperación otorgó legitimidad y recursos al régimen y este, a su vez, lo destinó a las milicias, pues bajo su mando quedaron las labores de control fronterizo, entre otras responsabilidades. Parte de los fondos provenían de los 5.000 millones de euros del Fondo Fiduciario de la UE para África (EUTF), que se creó en 2015 para atender a las causas subyacentes de los desplazamientos forzosos y la migración irregular.

Según el informe Externalizar la opresión del Instituto Transnacional (TNI), en 2016 la UE (a través de la agencia de cooperación alemana GIZ) inició un proyecto para “mejorar la gestión de la migración” en varios países africanos, incluido Sudán, financiado con 40 millones de euros del EUTF y otros seis del Gobierno alemán. Se incluía formación, equipamiento y fortalecimiento de la capacidad de guardias fronterizos y fuerzas de seguridad. Este documento ya advertía del riesgo de que los recursos “se desviaran para fines represivos”.

Amnistía Internacional alertó este año de que aunque la UE afirma no financiar directamente a las RSF, reforzar estructuras de control migratorio terminó otorgando poder a estas milicias. Otro informe, Border Control from Hell de la ONG Enough, documentó que fondos europeos de seguridad fronteriza llegaron a la RSF y se crearon campos de detención. Una investigación de Spiegel reveló que la UE detuvo algunos proyectos en 2019 por “temor a la represión”, lo que sugiere que la UE reconoció parcialmente los riesgos.

Oficialmente, Bruselas niega haber financiado a las RSF y asegura que los proyectos se implementan mediante ONG, agencias de la ONU y cooperación estatal, sin pasar por el Gobierno sudanés. Sin embargo, reforzar entidades fronterizas sudanesas pudo haber fortalecido actores con un historial de abusos.

Cuando estalló el conflicto, la UE condenó la violencia, pidió un alto el fuego y diálogo político. El pasado octubre el Consejo Europeo asignó más de 272 millones de euros en ayuda humanitaria, parte de los 522 millones comprometidos en enero, y la contribución global para 2024-2025 alcanza 573 millones de euros., incluyendo ayuda a países vecinos.

Más barreras

Las políticas de cooperación no se limitaron al Proceso de Jartum. La UE y Estados miembros han firmado acuerdos con Libia, Túnez y Egipto. Este último país, que ha recibido recientemente 210 millones de euros de Bruselas, acoge al mayor número de sudaneses: 1,5 millones, según las estimaciones del Alto Comisionado de la ONU para los refugiados (Acnur), de los cuales 700.000 están registrados. En Libia, la Organización Internacional para las Migraciones contabilizó 240.000 en 2024, y en julio de 2025 se estimó que 1,2 millones habían entrado en lo que iba de año. Bruselas ha destinado más de 700 millones de euros desde 2015 a “gestión de la migración”, e Italia unos 150 millones entre 2017 y 2022, según Oxfam, pese a que la ONU considera Libia “país no seguro” debido a los casos de torturas y abusos a migrantes.

En Túnez, los refugiados sudaneses se multiplicaron por 15 desde el inicio de la guerra, alcanzando casi 8.000 en junio de 2024 y convirtiéndose en la primera nacionalidad registrada (43%). Según Acnur, el 84% de los sudaneses que llegaron a Italia en 2023 lo hicieron desde Túnez. El memorando UE-Túnez de 2023 asciende a 105 millones de euros.

Tubiana y MSF denuncian que los refugiados sudaneses se enfrentan a rechazos y deportaciones desde Egipto, Libia y Túnez, reforzadas por financiación europea. El Mediterráneo representa otro gran peligro: más de 32.000 personas han muerto o desaparecido en la última década, según la OIM.

Naufragio en el Mediterráneo central de una patera con 40 personas procedentes de Eritrea y Sudán que habían embarcado desde Libia, en agosto de 2022. Fueron socorridos por la ONG Open Arms. Francisco Seco (AP)

Mokhtar Awad fracasó en su intento de cruzar desde Libia y llegó a Europa cuatro años después de salir de casa. Tras pasar por Argelia y Marruecos, por trabajos precarios y por varios intentos fallidos de saltar la valla de Melilla, acabó pagando a unos traficantes para embarcarse a Canarias. La primera vez fue interceptado, la segunda llegó, aunque al límite, porque se les había caído al agua el motor y llevaban dos días a la deriva sin comida ni agua. Era febrero de 2023, pero pudo solicitar asilo al provenir de Darfur. “Pensé que si de esta no lo lograba, me volvía a casa”, recuerda.

Alsheikh Haggar encontró un camino más sencillo: tras llegar a El Cairo, compró un vuelo a Cuba, donde los sudaneses no necesitan visado. Durante la escala en Madrid, decidió no continuar el viaje. “No sabía nada de español, así que busqué a un policía y solo le dije: ‘asilo’. Él me llevó a una oficina del aeropuerto donde me atendieron”, cuenta el estudiante. Fue atendido, trasladado a un centro de recepción donde estudió español y se sintió acogido. Meses después, su solicitud fue aprobada. Esa vía ya no existe, pues en junio de 2024 España impuso visado de tránsito a los sudaneses.

Awad también prosperó: aprendió español, se formó como electricista y ahora combina ese trabajo con el que le da su propia empresa de venta de camisetas. Haggar terminó un curso de manipulación de drones, volvió a matricularse en el último año de ingeniería civil en su universidad en Ondurmán, que ofrece clases online, y espera finalizar los exámenes en diciembre para buscar un empleo más cualificado.