Europa se fortifica con una ley de inmigración votada por la derecha y la extrema derecha

Pocos debates son en la Unión Europea tan irracionales, viscerales y emocionales como el migratorio. El Parlamento Europeo más escorado a la derecha de la historia ha dado luz verde al Reglamento de Retorno, cuya clave de bóveda es la creación de centros de deportación en países terceros. La idea de externalizar el asilo ya surgió hace años en Bruselas, pero se descartó por las dudas que planteaba desde el punto de vista legal. En la era del control migratorio, es ya una realidad.

La legislación en cuestión, que sustituye a la Directiva de 2008, prolonga las detenciones de las personas irregulares hasta 24 meses, contempla la retirada de prestaciones sociales, los controles de identidad, las inspecciones en los lugares de trabajo, las prohibiciones de entrada de por vida y abre la puerta a la cooperación con regímenes como los talibanes. Las oenegés alertan de sus escasas garantías y de unos “agujeros negros legales” que podrían derivar en sistemáticas violaciones de derechos humanos, vigilancia invasiva o discriminación racial.

El texto ratificado en la Eurocámara con los votos de conservadores y fuerzas ultraselimina el postulado más polémico, el de la búsqueda de personas indocumentadas puerta a puerta, al espejo de las prácticas de los agentes encapuchados en EE.UU. Sin embargo, el Consejo sí apoya las redadas y detenciones en domicilios particulares, lo que abre la puerta a su inclusión definitiva tras los trílogos, es decir, las negociaciones intrainstitucionales.

El Consejo apoya las redadas y detenciones en domicilios particulares

La votación rompe dos máximas: el cordón sanitario a la extrema derecha se deshila y la Eurocámara pasa de suavizar las propuestas de la Comisión Europea a hacerlas más punitivas. “El Parlamento Europeo ha aprobado su posición sobre las deportaciones, que es la del PP y la extrema derecha, y acerca a Europa a las prácticas de Trump y del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés)”, lamenta el eurodiputado socialista César Luena. Desde el Partido Popular Europeo se defienden reivindicando que es necesario reformar un sistema hasta ahora atrofiado. Solo el 20% de las personas con una orden para abandonar suelo europeo la cumplen.

Europa no es ajena a la tendencia global de mano dura con la inmigración. El año pasado, Francia desplegó 4.000 agentes de policía para llevar a cabo controles exhaustivos en estaciones de autobuses y trenes para detener a personas indocumentadas. Poco después, el Reino Unido, bajo liderazgo laborista, se jactó de haber realizado redadas “récord” en salones de manicura, lavaderos de coches o barberías. En Bélgica, el gobierno está estudiando una propuesta para permitir que la policía registre domicilios particulares en busca de personas indocumentadas. Estas prácticas las llevan a cabo gobiernos ultranacionalistas, liberales o progresistas. España, con su regularización masiva, es una suerte de caso sui generis del club.

“Todos oímos hablar de las violentas redadas del ICE en EE.UU., pero la UE lleva tiempo desarrollando su propio arsenal represivo en materia de migración”, denuncian desde PICUM (Plataforma de Cooperación Internacional de Migrantes Indocumentados). “Para la derecha europea, las acciones del ICE no son una advertencia. La ICE-ización de Europa es el objetivo claro. Y, a juzgar por lo que está ocurriendo en Estados Unidos, el resultado será una mayor inseguridad para todos”, lamenta Davide Colombi, investigador del Centre for European Policy Studies (CEPS).

“La era de las deportaciones”

La crisis del 2015, cuando un millón de refugiados llegaron a las fronteras europeas, hizo saltar por los aires la política migratoria de la UE. Desde entonces, el bloque ha capeado este vacío con improvisación. Las encendidas cumbres sobre inmigración, las crisis de barcos como el Ocean Viking varados en el Mediterráneo o el equilibrio imposible entre solidaridad y responsabilidad desataron choques entre líderes e instituciones muy acalorados. “La migración puede decidir el destino de la UE”, advirtió Angela Merkel, la madrina de las fallidas cuotas de reparto de refugiados.

Una década después, el Pacto de Asilo y Migración, que entrará en vigor este verano, tapará este agujero. Una de sus arterias más controvertidas es la creación de centros de deportación a países terceros, previo acuerdo con los Estados miembros. No se requiere ningún vínculo ni conexión con el lugar de destino. La idea de crear “plataformas de desembarco” fue desechada en 2018 porque los países africanos se negaron y por las dudas sobre su legalidad. Fue por entonces cuando el acuerdo migratorio con Turquía marcó el camino para regar con millones a países de origen y tránsito a cambio de que frenasen las barcazas en el Mediterráneo.

En Europa, con unas fuerzas progresistas mancas de alternativas, se han ido imponiendo los postulados de la extrema derecha en materia de asilo. El antecesor de Von der Leyen, Jean-Claude Juncker, aseguró que “el imperativo de Bruselas es salvar vidas” y que “los valores siempre deben ser la piedra angular de nuestra política migratoria”. En la actualidad, el discurso pivota hacia la criminalización de la inmigración “ilegal”. Las medidas presentadas en la capital comunitaria buscan la fortificación de las fronteras europeas, mientras escasean las propuestas de regularización. “La era de las deportaciones ha comenzado”, celebra el eurodiputado ultra sueco Charlie Weimers.

Bruselas. Servicio especial