El presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, ha anunciado este lunes un paquete de medidas económicas para paliar el impacto de la guerra de Irán sobre el tejido productivo de la región, con más de 300 millones de euros movilizados. Entre ellas destaca una nueva línea de créditos bonificados por valor de 100 millones destinada a empresas con problemas de liquidez, así como futuras ayudas directas a autónomos de sectores especialmente golpeados, como el transporte, la logística o la pesca.
Hemos activado un plan de apoyo de más de 300 millones de euros para la industria de la Comunitat Valenciana ante los efectos de la guerra de Irán. Entre las medidas impulsadas quiero destacar una línea de crédito de 100 millones de euros para las empresas afectadas, y ayudas… pic.twitter.com/uO6uNoTDYa
— JuanFran Pérez Llorca (@JFPerezLlorca) March 30, 2026El anuncio se ha producido tras la reunión extraordinaria del Observatorio de la Industria y de los Sectores Económicos Valencianos, en la que participaron representantes empresariales y sindicales. Según ha explicado el jefe del Consell valenciano, estas iniciativas se suman a las rebajas fiscales ya aprobadas, que supondrán un ahorro de 100 millones para los contribuyentes valencianos en el presente ejercicio.
Además, el Instituto Valenciano de Finanzas activará en los próximos días una línea de financiación específica para empresas afectadas por la crisis energética. A ello se añade la gratuidad de la participación en ferias internacionales para las compañías más expuestas al conflicto, así como la reorientación de programas de apoyo como Inpyme y el refuerzo de las ayudas a la internacionalización, dotadas con más de 15 millones de euros.
Respuesta a las críticas de la oposición
Pérez Llorca ha defendido la actuación del Consell frente a las críticas de PSPV y Compromís por la supuesta tardanza en reaccionar, argumentando que era necesario esperar a la aprobación del paquete de medidas del Gobierno central. Asimismo, advirtió de que la rebaja del IVA a los carburantes supondrá una pérdida de ingresos de 153 millones para la Generalitat, que calificó como una contribución al "escudo social" estatal.
Por su parte, patronal y sindicatos valoraron positivamente la convocatoria del diálogo social, aunque reclamaron nuevas medidas. Las organizaciones sindicales insistieron en reforzar las ayudas a las familias vulnerables, especialmente en vivienda y transporte, mientras que la patronal alertó del riesgo de encarecimiento de materias primas y problemas de suministro si el conflicto se prolonga, reclamando un "escudo" específico para las empresas.

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