El Gobierno renuncia a actualizar los coeficientes de plusvalía en las ventas y herencias de vivienda

No habrá nuevos coeficientes de plusvalía municipal en 2026, al menos por ahora. El Gobierno ha dado marcha atrás y ha decidido renunciar a la actualización de los multiplicadores que afectan al impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana, según avanzan fuentes del Ejecutivo. El ajuste, que se había publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) por la vía de urgencia en el decreto ómnibus de diciembre, no aparecerá finalmente en ninguno de los dos decretos aprobados este martes por el Consejo de Ministros para sustituir al anterior, que previsiblemente verán la luz este miércoles en el BOE y tendrán que pasar después el examen de las Cortes.

La medida se incorporó inicialmente, en vísperas de Navidad, al decreto ómnibus que ha funcionado provisionalmente durante casi un mes y que decayó la semana pasada en el Congreso por falta de apoyos, dejando todo el escudo social y otra serie de iniciativas en el aire. El Ejecutivo ha rehecho las cuentas y ha troceado las medidas en dos nuevos decretos, dejando definitivamente fuera la actualización de los multiplicadores.

La modificación de los coeficientes ―un ajuste de carácter técnico y habitual cuando se aprueban nuevas cuentas públicas― había sido planteada como un paso casi automático, derivado de la necesidad de adaptar anualmente el impuesto a la evolución del mercado inmobiliario. Sin embargo, el Gobierno ha optado por dar marcha atrás y mantener vigente el cuadro actual, evitando así introducir cambios en un tributo especialmente sensible para los ayuntamientos, dada su naturaleza local. En la práctica, la decisión supone congelar la fiscalidad de la plusvalía municipal al menos durante un ejercicio más.

El impuesto de plusvalía municipal, como se le conoce popularmente, se calcula aplicando unos coeficientes máximos al valor catastral del suelo en el que radica la vivienda, en función del número de años transcurridos entre la adquisición y la posterior venta, herencia o donación del inmueble. Estos indicadores los fija el Estado, y posteriormente los ayuntamientos, que son los que ingresan el tributo, pueden aplicarlos o rebajarlos a través de sus ordenanzas municipales. En la teoría, gravan la ganancia extra que supuestamente brinda la revalorización del suelo.

El rediseño que ahora queda descartado endurecía la fiscalidad de las ventas especulativas y no era del todo nuevo. En diciembre, cuando redactó el decreto ómnibus, el Ejecutivo recuperó íntegramente la propuesta que el grupo socialista había registrado unos meses antes en el Congreso, dentro de una batería más amplia de medidas fiscales orientadas a aliviar las tensiones que rodean a la vivienda, incluyendo la penalización a las operaciones más cortoplacistas.

El nuevo cuadro de coeficientes que proponía el Gobierno, y que ahora decae, introducía cambios relevantes con un doble objetivo. Por un lado, endurecer la tributación de las transmisiones realizadas pocos años después de la compra, que en algunos casos podían interpretarse como operaciones especulativas. Por otro, aliviar la carga fiscal de las ventas tras largos periodos de tenencia, más vinculadas en la teoría a viviendas habituales o a procesos hereditarios.

Así, en la práctica seguirán en vigor los multiplicadores actuales, que igualmente pueden ser modulados a la baja por los consistorios. En las transmisiones realizadas en menos de 12 meses tras la compra o herencia, el coeficiente máximo a aplicar será del 0,15, frente al 0,16 que se proponía. Al año, será de 0,15. Y a los dos y tres años se mantendrá en el 0,14, esquivando el incremento. La propuesta de subida era especialmente visible de los siete años (cuando se pasaba de 0,20 a 0,22) en adelante. A los ocho, se planteaba un alza del 0,19 al 0,23, y a los nueve, de 0,15 a 0,21.

También había importantes subidas si se vendía una vivienda en los primeros años posteriores a la década. Las primeras rebajas respecto a la tabla vigente no se veían hasta los 17 años. En este último caso, la propuesta pasaba de 0,13 a 0,12 y, pasados los 20 años, se bajaba de 0,40 a 0,35. Al renunciar a las actualizaciones, estos multiplicadores seguirán intactos.