El Gobierno reasigna 9.600 millones en la recta final del plan de recuperación

El Gobierno ha obtenido el visto bueno final de la Comisión Europea al plan para obtener los fondos NextGeneration antes de que en agosto del año que viene venza el plazo para ejecutarlos. Comienza ahora el esprint final por acceder al mayor programa de incentivos recibido por el país en décadas para modernizar su economía. Incluirá, conforme al acuerdo publicado ayer por Bruselas, una gran reasignación de ayudas por 9.635 millones de euros y varios retoques a los centenares de exigencias a las que España debe responder para obtener los fondos. La Comisión Europea ha aceptado reducir la cantidad de reformas legislativas dependientes del visto bueno del Congreso, lo que supone un alivio al menos parcial para el Gobierno ante la pérdida de apoyo parlamentario. Sin embargo, se mantiene la exigencia de aprobar por la vía parlamentaria algunas reformas sensibles, como la fiscalidad del diésel.

La gran reasignación pactada con Bruselas en la adenda al Plan de Recuperación aprobada hoy detrae créditos para programas con poca demanda o en los que la inflación o los problemas en las cadenas de suministro han deslucido su atractivo. En cambio, se refuerzan algunas partidas de ayudas directas: el ICO tendrá ahora 13.300 millones de euros para dar continuidad a los fondos más allá del 2026, al tiempo que se dedicarán 975 millones a inversión en vivienda, 300 millones al programa europeo de supecomputación o 2.500 millones a descarbonización.

La nueva adenda ofrece por fin una foto final para entender en qué ha consistido el Plan de Recuperación, considerado el mayor estímulo inversor en Europa desde el Plan Marshall, con el matiz de que la Unión Europea costean una inversión que deberán ir repagando durante 30 años a partir del 2028. A España le tocará reembolsar 2.000 millones al año, sea cual sea el importe disfrutado, y por eso es importante recibir todas las ayudas posibles.

Con estas medidas espera recibir los 31.000 millones pendientes de los fondos europeos

De los casi 80.000 millones de euros en ayudas directas a las que España tiene derecho, el Gobierno quiere hacerse con el cien por cien. Le quedan 24.700 millones por recibir, que son los que se liberarán con esta adenda. En una comparecencia en el Congreso, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, explicó hoy que la idea ahora es solicitar un primer pago a finales de enero y otro antes de que en agosto del 2026 venzan los plazos.

En cuanto a los créditos, el Gobierno solo solicitará 22.700 millones, tras renunciar al 75% del importe al que tiene derecho. El argumento para hacerlo es que España se financia ahora en condiciones similares a las de la Comisión Europea.

En total, entre ayudas directas y préstamos, los fondos europeos habrán dejado 102.575 millones de euros en la economía española. Si se suman los 24.700 millones en ayudas directas que se pedirán estos meses a la parte pendiente de créditos, en apenas un semestre llegarán 31.000 millones desde Bruselas.

Las leyes de ‘lobbies’, diésel y mercado de valores seguirán necesitando apoyo del Congreso

Todo esto es a cambio de reformas. La novedad es que serán menos de las previstas. El Gobierno ha logrado evitar que 17 leyes deban pasar por el Congreso, algunas a cambio de normas con rango inferior. Entre las leyes que se eliminan figuran la ley del Suelo, la de Diversidad Familiar, la de Industria y la de Competencia. Tampoco será necesario reformar el decreto de opas, que ha resultado polémico durante el intento de compra del Sabadell por el BBVA.

Eso no significa, dijo Cuerpo, que el Gobierno renuncie a aprobarlas. “La agenda reformista no se detiene”, sostuvo en el Congreso, tras defender las medidas adoptadas. España es, según dijo, el sexto país europeo en desembolsos recibidos en proporción al plan inicial.

Hay sin embargo más de una decena de leyes que requerirán aprobación parlamentaria si el Gobierno quiere recibir todos los fondos. La más inmediata es la equiparación de la fiscalidad del diésel con la de la gasolina, que debe aprobarse antes de finales de enero. También figuran la ley que regula los lobbies, la del mercado de valores y la de beneficios fiscales.

Los Next Generation se saldarán con 102.575 millones, tras renunciar el Gobierno al 75% de los créditos

El Gobierno tendrá que emplearse a fondo en el Congreso para sacar adelante estas normas, sobre todo tras la ruptura del acuerdo de investidura con Junts y ante el rechazo del PP a apoyar sus políticas. En la comparecencia de hoy quedó clara la falta de sintonía con el PP, cuyo vicesecretario de Hacienda, Juan Bravo, no había recibido información sobre las medidas legislativas que el Gobierno debe sacar adelante.

El Ministerio de Economía se muestra en cambio satisfecho con los avances. Ayer consideró que la nueva adenda “certifica el éxito y la solvencia” de España al manejar los fondos europeos y aprovechó para destacar la “credibilidad y gestión del Gobierno en el escenario internacional”. Es una opinión contraria a la del PP, que cree que el Gobierno debió haber solicitado todos los créditos y que califica la experiencia de los fondos como una “oportunidad perdida” que ha servido para “gobernar sin Presupuestos”.

Un elemento positivo es que el ritmo de ejecución de los fondos se está acelerando ahora y supera los 2.000 millones de euros al mes. El negativo es que la falta de aprobación de las reformas o de cumplimiento de su aplicación conlleva penalizaciones. No es fácil cumplir con un documento tan complejo. En la adenda se han revisado 160 medidas e identificados 230 hitos asociados directamente a la llegada de fondos. El PP calcula que el Gobierno corre serio peligro de verse obligado a devolver ayudas directas por más de 1.100 millones de euros.

Aprobado climático por la mínima

La adenda pactada entre el Gobierno y Bruselas incluye un recorte en la aportación de los fondos europeos recibidos por España a la reducción de emisiones. La rebaja se debe a que el “etiquetado climático” de las medidas que se potencian ahora es más bajo que el de las medidas cuya implementación se reduce. “La adenda al Plan de Recuperación para España conlleva un descenso neto en la contribución conjunta al objetivo climático del plan”, afirma la Comisión. Si antes el porcentaje técnico era del 40%, ahora se reduce en 2,99 puntos, hasta el 37,008%. La “ambición total, dice Bruselas, sigue siendo “alta”. Desde Economía explican que el Gobierno cumple el objetivo, que obliga a marcar un porcentaje por encima del 37%. “La obligación es acreditar ese mínimo, lo cual no significa que no haya medidas que vayan a contribuir a la transición verde sin que haya que aportar la documentación acreditativa para ello”, afirman desde el Gobierno.