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El Gobierno de Estados Unidos, durante el mandato de Joe Biden, mantuvo una estrecha colaboración con organizaciones abortistas para perseguir judicialmente a los activistas provida. Según una investigación publicada por el periódico digital The Daily Wire, el Departamento de Justicia empleó canales de comunicación directos con estos grupos privados para recabar información y armar casos penales contra ciudadanos conservadores que se oponen al aborto.
La estrategia de la Administración demócrata se ha centrado en la aplicación de la ley FACE, una norma federal teóricamente diseñada para garantizar el libre acceso a las clínicas. Sin embargo, los críticos señalan que esta legislación se ha empleado de forma asimétrica. Mientras los ataques y actos vandálicos contra centros de ayuda a mujeres embarazadas apenas recibieron atención de las autoridades federales, pese a estar cubiertos por la misma ley, las protestas pacíficas de los grupos provida han desencadenado severas acusaciones con penas de prisión de hasta once años. La fiscalía de Biden también desempolvó una ley del siglo XIX que castigaba la "conspiración para negar derechos civiles" que jamás se había utilizado para estos fines y nunca se ha empleado contra actos violentos a favor del aborto.
Pocos días después de llegar al poder, Donald Trump indultó a 23 activistas provida que habían sido condenados por manifestarse frente a clínicas que realizaban abortos, pedir a las mujeres que acudían a las mismas que no lo hicieran y, en los casos más extremos, impedir el acceso. Varios ya estaban en prisión cuando fueron indultados y algunos esperaban sentencia. Entre estos últimos se encontraba Eva Edl, de 89 años y superviviente de un campo de concentración.
Los correos electrónicos y documentos internos revelados muestran que altos cargos del Gobierno mantuvieron reuniones periódicas con los líderes de la industria del aborto. Durante estos encuentros, las organizaciones privadas proporcionaron listas de manifestantes, fotografías y detalles sobre las tácticas de los activistas. Esta recopilación de inteligencia compartida permitió al FBI y a los fiscales federales actuar con una contundencia inusual, llegando a realizar aparatosas redadas de madrugada en los domicilios de personas acusadas de delitos de carácter menor.
El epicentro de esta persecución se sitúa en la División de Derechos Civiles del propio ministerio. Bajo su mandato, la agresividad judicial contra el movimiento en defensa de la vida ha alcanzado niveles sin precedentes recientes. Los informes indican que se estableció un grupo de trabajo específico para coordinar los esfuerzos punitivos con las filiales de Planned Parenthood, transformando de facto a una agencia gubernamental en el brazo ejecutor de los intereses de la industria abortista estadounidense.
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