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En el PSOE siempre rigió la máxima de no llevar votaciones al Congreso para perderlas. El Gobierno, en cambio, ha optado por acabar el año parlamentario con dos severas derrotas consecutivas: las de unos mismos objetivos de estabilidad presupuestaria que Junts per Catalunya -junto al Partido Popular y la ultraderecha de Vox, además de la abstención de Podemos y una diputada de Compromís-, ya tumbó hace un par de semanas, como había garantizado tras romper todas las negociaciones con el PSOE. Y que este mismo jueves se volverá a rechazar por mayoría absoluta.
La doble derrota de esta senda de estabilidad, junto al nuevo techo de gasto, no impedirá que el Ejecutivo presente, como tiene comprometido Pedro Sánchez, un proyecto de presupuestos generales del Estado para el año que viene, que no obstante Junts ya ha anunciado que tampoco respaldará.
Y todo ello, además, en plena convulsión interna en el PSOE por la repentina sucesión de acusaciones de presuntos acosos sexuales que están provocando una cascada de ceses y dimisiones, y una crisis orgánica en ebullición en Ferraz y en varias de sus federaciones, mientras los escándalos por casos de supuesta corrupción siguen sumando arrestos e ingresos en prisión. Si no es la tormenta perfecta, se le parece mucho. En la Moncloa se preguntan qué más les puede pasar, y cada día pasa algo más.
En el Gobierno han asumido que el nuevo fracaso de la senda de estabilidad presupuestaria copará los titulares. No obstante, defienden que este último pleno del año en el Congreso demostrará que la legislatura no es inviable y que mantienen su capacidad de sumar mayorías. Así, confían en sacar adelante este jueves tres decretos leyes. El primero es el que aprobó para tratar de recomponer las relaciones con Junts, y que contará con el apoyo de los posconvergentes, que incluye dotar de más capacidad financiera a los ayuntamientos y aplazar la nueva facturación digital de las pymes y autónomos.
El segundo es el que incrementa las retribuciones salariales de los empleados públicos, según el acuerdo suscrito con los sindicatos, y el tercero es el que contempla más medidas para la recuperación de la isla de La Palma, que también va a apoyar el PP. A la convalidación de estos tres decretos, el Ejecutivo confía en sumar la aprobación de un proyecto de ley: el que regula los servicios de atención al cliente, sin la rebaja del IVA a los alimentos básicos que trató de imponer el PP, pero con la obligatoriedad de atender en las lenguas cooficiales de los territorios. Además, espera que supere el debate de la toma en consideración de los proyectos de ley para reforzar los derechos de las personas con discapacidad y también el sistema de dependencia.
De esta manera, en la Moncloa quieren cerrar el año parlamentario demostrando que tienen capacidad de supervivencia, pese a todos los pesares, en un escenario político de muy alto voltaje que amenaza cada día con impedir que Pedro Sánchez prolongue la legislatura, como pretende, hasta agotarla en el 2027. Y, tras este último pleno del 2025, confían en que el paréntesis navideño –el Congreso no retomará su actividad ordinaria hasta febrero- rebaje el diapasón de la enorme crispación y polarización política.
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