El Congreso activa la ampliación del uso de las lenguas cooficiales en toda la Administración

El pleno del Congreso ha abierto este martes la puerta a corregir lo que varios grupos describen como una “anomalía democrática”. Lo ha hecho al admitir a trámite una proposición de ley que pretende que cualquier ciudadano de una comunidad con lengua propia pueda emplear su idioma ante la Administración del Estado.

La iniciativa nació de un pequeño grupo de diputados —no de los partidos en bloque—, aunque ha terminado reuniendo un frente amplio de formaciones con lengua propia en sus territorios entre los que se encuentran ERC, EH Bildu, PNV, BNG, Comuns, Compromís y el diputado de Més per Mallorca.

Junts ha rechazado figurar en la foto, pero sus siete diputados votaron a favor. Lo que, sumado al apoyo del PSOE y de Coalición Canaria, ha permitido rearmar, al menos por una tarde, la ya poco habitual mayoría de la investidura. Con ese respaldo, la propuesta inicia ahora un trámite parlamentario en el que sus impulsores mantienen la mano tendida a Junts y al resto de grupos para negociar mejoras.

El encargado de defender la propuesta desde la tribuna, el diputado Francesc Marc Álvaro, ha alternado en su intervención el castellano, el catalán, el euskera y el gallego para subrayar el espíritu del texto. El dirigente de ERC ha calificado la norma como un “ajuste quirúrgico para acabar con situaciones de agravio que, en su opinión, sitúan a catalanoparlantes, gallegoparlantes y vascoparlantes en inferioridad respecto a los ciudadanos castellanohablantes.

“El objetivo es asegurar derechos lingüísticos efectivos, no solo declarativos”, ha incidido Álvaro para destacar “el salto cualitativo” que supone en la protección del patrimonio lingüístico que recoge el artículo 3.3 de la Constitución.

El articulado lleva la firma principal del jurista y exdiputado de ERC Joan Ridao, e incorpora aportaciones del BNG y EH Bildu mientras que el PNV se ha reservado las suyas para la fase de enmiendas. Y tiene vocación de abarcar múltiples ámbitos. En el judicial —el más delicado, según reconocen los proponentes— se propone reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial para exigir que los trabajadores de la Administración de Justicia acrediten un conocimiento suficiente de la lengua cooficial del territorio donde ejerzan.

En el ámbito educativo, la proposición modifica la Ley Orgánica de Educación para asegurar que, al finalizar la enseñanza obligatoria, todo el alumnado alcance un dominio pleno y equivalente del castellano y de la lengua cooficial, cuando exista.

El texto también prevé que los procedimientos administrativos y las plataformas digitales del Estado estén disponibles en todas las lenguas oficiales. Además, introduce criterios lingüísticos en la contratación pública y en las licitaciones en comunidades con más de un idioma.

Los impulsores definen la iniciativa como una “ley ómnibus”, pero con cirugía fina: no pretende sentar nuevos principios, sino corregir “asimetrías” que, a su juicio, vulneran el principio constitucional de igualdad. Y la idea central es que el uso de las lenguas cooficiales no dependa de la buena voluntad de cada institución, sino de una equiparación automática en la relación de los ciudadanos con el Estado. Desde una vista judicial hasta un trámite comercial o una licitación, el objetivo es que todas las lenguas oficiales gocen de la misma validez jurídica en cualquier rincón del territorio.

La tramitación que ahora arranca marcará hasta dónde llega ese propósito. Pero el debate abierto este martes, en el que sonaron cuatro lenguas desde la tribuna, confirma la intención de un grupo significativo del Congreso de que la arquitectura administrativa del Estado refleje, sin excepciones, su pluralidad lingüística.