Hace 2 días
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Tensa sesión este martes en el juicio que sigue la Audiencia Nacional contra la familia Pujol y nueve empresarios que supuestamente les pagaron comisiones millonarias.
Era el turno de los peritos del ministerio de Hacienda comisionados por el estado para la investigación judicial del caso. Trabajaron codo con codo con el juez instructor de la Audiencia Nacional, José de la Mata, en la persecución de los presuntos delitos e irregularidades tributarias de los Pujol, en especial del primogénito, Jordi Pujol Ferrusola, principal acusado, para el que la Fiscalía Anticorrupción pide 29 años de cárcel.
Conducidos por el ministerio fiscal y por la abogacía del estado, los dos expertos, con los NUMA (número de identificación de agente tributario) 26.695 y 5.535, han detallado una por una las operaciones en las que Jordi Pujol Ferrusola y sus empresas ejercieron como mediadores en negocios de sectores varios.
Con pocas excepciones, las operaciones carecen de documentación que las sustente, por mucho que fueran reales, según los técnicos. Ni contratos, ni correos electrónicos, ni soporte alguno que acredite qué hizo el hijo del ex president para llevarse jugosas comisiones.
Pujol Ferrusola se hizo gracias a ello con “ingentes plusvalías”, según el 26.695.
La acusación sostiene que esas comisiones fueron contraprestaciones a cambio de obra pública, dado que la mayor parte de las empresas investigadas son del sector de la construcción, pero de estos supuestos favores intercambiados no ha quedado por ahora acreditado en el juicio, más allá de la influencia que pudiera tener llamarse Pujol.
Con pocas excepciones, las operaciones empresariales carecen de documentación que las sustente: ni contratos, ni correos electrónicos, ni soporte documental
El funcionario 26.695 reiteró que Pujol Ferrusola no tributó por muchas de esas ganancias y que empleó para ocultar sus ingresos empresas radicadas en “territorios de baja tributación”. La investigación detectó irregularidades “en ejercicios prescritos a efectos tributarios y penales pero no a efectos de blanqueo de capitales”, añadió.
Un aspecto que encuentra relevante el funcionario es que las empresas del hijo mayor del ex president, radicadas en un piso de la calle Ganduxer de Barcelona, carecían de una estructura empresarial adecuada.
En la sesión del lunes, un perito describió a Pujol Ferrusola como un empresario con “una agenda de contactos muy grande”, que permitía conectar toda clase de negocios.
El NUMA 26.695 expuso su extrañeza porque una gran compañía constructora como Copisa, a la que Pujol Ferrusola facturó dos facturas por un total de alrededor de 267.000 euros por una de las operaciones, ni siquiera las incluyera en sus estados contables.
“No sabemos qué operaciones son ni a qué servicios responden”, ha dicho.
De diversos de los pagos no existe contrato de mediación entre las partes, ni consta documentalmente que Pujol Ferrusola hiciera ninguna gestión, aunque las operaciones se ejecutaran realmente.
En el juicio ha aparecido con frecuencia la explicación de que existía una gran confianza personal en Pujol que permitía pactar oralmente, y que se abonaba “a éxito”.
El inspector detalló que Pujol cobró teóricamente de Copisa por mediar en una compra de acciones para la que no le necesitaban. “¿Qué valor añadido hay? Me parece un despilfarro”, ha dicho el técnico.
En una operación inmobiliaria en L’Hospitalet intervino la suegra de Pujol Ferrusola, ama de casa, pese a que había ya otros tres intermediarios y pese a que ya se sabía que aquella venta de terrenos ya estaba en marcha.
Estos peritos también han diseccionado un contrato de préstamo de alrededor de 900.000 euros entre Josep Pujol Ferrusola y el empresario andorrano Jorge Barrigón, que para la acusación fue una “simulación”.
En la sesión de este martes estaban citados algunos peritos de las partes y los dos funcionarios de Hacienda, que debían mantener un careo para el que no ha dado tiempo.
El defensor de Pujol Ferrusola, Cristóbal Martell, ha cuestionado que el equipo tributario asumiera (con “adhesión inquebrantable”) los informes de la Unidad de Delito Económico y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, sin discriminar si los trabajos de Pujol Ferrusola -como sostienen- eran simulados o no. Así lo hizo, remarcó el letrado, la inspección regional de Hacienda en Catalunya al analizar las irregularidades tributarias de Jordi Pujol Ferrusola.
Tensión en la sala: el presidente del tribunal pide a abogados y peritos bajar el tono de unos interrogatorios muy duros
Los defensores de media docena de empresarios han tratado de minar la solidez del perito, dejando patente que ignoró por completo numerosos informes y declaraciones judiciales que fueron aportadas a la causa durante la instrucción.
Por imposibilidad material, alegó, y bajo el criterio del juez De la Mata, se priorizó la investigación de la relación entre Pujol Ferrusola y las empresas constructoras, y se desdeñó las de otros sectores.
La sesión de este martes ha sido extremadamente tensa, en especial entre Martell y el NUMA (Número de identificación de agente tributario) 26.695, hasta el punto que el presidente del tribunal, José Ricardo de Prada, ha debido intervenir media docena de veces para aplacar los ánimos.
Cuando interrogaba Carles Monguilod, abogado del empresario Gustavo Buesa, y ante los cortes mutuos con el perito, De Prada ha lamentado que éste se sintiera “agredido, atacado etcétera”, por lo que ha pedido que “bajemos un poco el tono, la sala lo que quiere es obtener información”, entendiendo que la defensa estaba en su deber y en su derecho de acorralar al testigo. De Prada ha valorado que los letrados están haciendo “un trabajo magnífico en defensa de sus clientes”.
Al despedirse, a las 14.30 en punto, ha pedido que para la sesión de este miércoles sería conveniente “aplacar un poco los tonos y los ánimos”.
Redactor jefe de A Fondo. Antes, en Cultura, Política y responsable de tribunales en Barcelona y Madrid. Entre 2005-2007 cubrió el proceso de paz con ETA. Contacto: afondo@lavanguardia.es
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