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La Fiscalía Anticorrupción investiga si la compañía aérea Plus Ultra desvió el dinero del rescate de 53 millones de euros que el Gobierno le inyectó tras la pandemia y lo utilizó para blanquear fondos de Venezuela a través de Francia, Suiza y España. La denuncia fue inicialmente interpuesta en la Audiencia Nacional, pero tras el rechazo de este órgano por falta de competencia, la Fiscalía se dirigió al Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid que ya había abierto una causa por este rescate aunque estaba archivada. Este jueves la operación cristalizó con el registro de la sede de la compañía y la detención de su presidente, Julio Martínez, y el consejero delegado, Roberto Roselli. La investigación permanece bajo secreto de sumario.
Anticorrupción recibió el pasado año sendas solicitudes de cooperación internacional procedentes de Francia (Parquet National Financier) y de Suiza (Fiscalía de Ginebra) para que se autorizara la entrada y registro de varios domicilios ubicados en Madrid capital, Pozuelo, Tenerife y Mallorca. Pedían colaboración porque estaban indagando en una red de blanqueo vinculada a Venezuela que operaba también en territorio español.
Con estos mimbres, el ministerio público que lucha contra la corrupción llegó a la conclusión de que la compañía había hecho un presunto “uso indebido” de las ayudas públicas que fueron aprobadas en Consejo de Ministros el 9 de marzo de 2021 y el dinero se había destinado, en realidad, a pagar créditos anteriormente suscritos. “La sociedad Plus Ultra figura como firmante y beneficiaria de unos contratos de préstamos con tres sociedades de la organización criminal, implicadas en las ventas de oro”, indica la documentación a la que ha tenido acceso EL PAÍS. La Fiscalía cree que el rescate se usó para devolver dinero adeudado y que el fin real era blanquear ingresos opacos. Anticorrupción sospechaba en su denuncia que para blanquear se había podido utilizar la venta de relojes de lujo.
La institución que dirige el fiscal jefe Alejandro Luzón presentó dicha denuncia en la Audiencia Nacional el 21 de octubre del pasado año, a la vez que estaban en marcha otras operaciones como el caso Koldo o el caso hidrocarburos. Se dirigía contra tres personas de origen peruano, dos venezolanos, un ciudadano de Países Bajos y, al menos, un abogado español, a quienes consideraba miembros de una “organización criminal”.
La actividad consistía, presuntamente, en blanquear “fondos ilícitos” procedentes de malversaciones cometidas en Venezuela por “funcionarios públicos”. En concreto, detallan fondos públicos de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) venezolanos —un plan gubernamental de distribución de alimentos—y de venta de oro del banco del país. La implicación de la organización en España fue tal que, cree la Fiscalía, la compañía aérea desvió la ayuda del rescate en “fechas consecutivas a la recepción” del mismo a “cuentas en el extranjero de sociedades que forman parte de la organización criminal”.
La Audiencia Nacional rechazó investigar no porque no hubiera delito, sino porque creía que no era competencia de ese órgano que se dedica a las diligencias más complejas y que afectan a un número grande de autonomías. La Sala de lo Penal, en cambio, invitó a Anticorrupción a dirigirse al Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid donde ya se había tramitado una causa por el rescate de Plus Ultra y se había archivado de forma provisional. Provisional porque si aparecen nuevos indicios, como era el caso, el asunto podría reabrirse, como finalmente ocurrió.
La magistrada Esperanza Collazos tuvo que dar carpetazo de forma prematura a la investigación sobre el rescate en 2023 por un error en los plazos de prórroga de la instrucción. Vox, PP y Manos Limpias formaban parte de unas diligencias que trataban de dilucidar si la mercantil merecía la ayuda pública y si el dinero había terminado en un pago a la compañía estatal de petróleo de Venezuela PDVSA. El Gobierno había marcado a Plus Ultra como compañía “estratégica” para justificar el rescate, pero los expertos designados por el juzgado señalaban que la empresa tenía visos de insolvencia y cierre desde 2019 lo que imposibilitaba optar a la inyección de millones que partió de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).
Fuentes de la investigación confirman que la Fiscalía Anticorrupción se dirigió a principios de este año a dicho juzgado, una vez la Audiencia Nacional cerró la puerta, y el asunto se reactivó. El ministerio fiscal cree que la red fraudulenta se valió de sociedades para adquirir bienes inmuebles, así como de la suscripción de contratos de préstamo a la sociedad Plus Ultra, que fueron íntegramente reembolsados. La denuncia hablaba, incluso, de la venta de oro por importe de unos 30 millones de euros a una sociedad en Emiratos Árabes por parte de la sociedad que concedió los préstamos, o del envío de dinero por parte de la misma empresa a una cuenta de Panamá.
Algunos de los clientes de esta red dedicada al blanqueo de capitales tienen antecedentes policiales en España y otros, incluso, están imputados en otras investigaciones de la Audiencia Nacional. Más allá del presidente y consejero delegado de la compañía, Julio Martínez y Roberto Roselli, el resto de nombres todavía no ha aflorado, pues la causa continúa bajo secreto. La Fiscalía habla de indicios de “defraudación al Estado”.
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