El ex secretario de Organización del PSOE y ex ministro de Transportes, José Luis Ábalos, colocó a algunas amigas en empresas públicas, según se deriva de las investigaciones que se siguen sobre el caso llamado caso Koldo. Ábalos, que actualmente permanece en prisión a la espera de juicio, ofreció a otra mujer, Leonor González, un puesto como asesora en el Ministerio, según se desprende del informe sobre el caso hidrocarburos elaborado por la Unidad central operativa de la Guardia Civil (UCO), que se hizo público ayer.
González es una de las imputadas en el caso de hidrocarburos y la Guardia Civil rastreó su teléfono hasta encontrar una conversación que mantuvo con su novio, Natán González, en la que explicaba que el ya ex ministro le había propuesto que entrara “como asesora en su gabinete con una remuneración mensual de unos 5.000 euros”. González rechazó el ofrecimiento y no ocultó el desagrado que le provocaba Ábalos.
“Ábalos me ha ofrecido trabajar en su gabinete de asesores, por su puesto que me he negado, se lo he explicado a Víctor de Aldama [comisionista y uno de los líderes de la trama que también está investigado] porque al final tendríamos un problema y se vería él salpicado”, le contó González a su pareja sentimental. “Me da igual el dinero, no puedo con él”, añadió. Y remachó: “Ese tío es de los típicos que se piensa que te hace un favor y luego se lo cobra con creces. Me dan igual los casi 5.000 euros. Que se los meta por donde le quepa”.
Tampoco el novio de González tenía una opinión elevada de Ábalos, pues concluyó la conversación con un comentario muy despectivo: “El chulo putas. Todo el día baboseándote”, señaló refiriéndose al ex ministro, según se desprende de la transcripción de las conversaciones entre los investigados en la trama recogidas por los agentes de la UCO.
La Guardia civil concluye en este informe que la trama, liderada por el empresario Claudio Rivas y el comisionista Aldama, habría destinado un millón de euros a “comprar la voluntad” del ex ministro José Luis Ábalos y otros responsables públicos. El objetivo de los miembros de la organización consistía en “influir a través de José Luis Ábalos, entonces ministro de Transportes, en la resolución administrativa por la cual se otorgaría a la mercantil Villafuel la autorización para operar en el mercado mayorista de los hidrocarburos, pese al incumplimiento de los requisitos legalmente exigidos, todo ello a cambio de una contraprestación económica”.
Ábalos cedió a las peticiones de Rivas, según las investigaciones y cobró el precio consistente en “un chalet en La Alcaidesa, previamente elegido por el ministro, por importe de 585.000 euros. El ministro dispuso materialmente de la vivienda, la disfrutó e incluso intentó su aprovechamiento económico, todo ello bajo la cobertura formal de un contrato de arrendamiento instrumentalizado cuyas cuotas no fueron satisfechas, con excepción de la primera mensualidad y la fianza”, señala el informe.
La Guardia Civil cree también que sin el chalet de por medio, Ábalos no habría cedido a las pretensiones de la trama de hidrocarburos: “La correlación entre la compra de la casa y la firme convicción, por parte de los integrantes de la organización criminal, de que obtendrían la autorización de operador mayorista, fue percibida en su entorno como una relación directa de causa-efecto, circunstancia espontáneamente verbalizada como 'hijo puta el putero. Ha sido pillar la casa y le ha dado al botoncito', lo que denota que los interlocutores atribuían la concesión de la autorización a la compra previa de la vivienda pretendida por el ministro”, concluye la UCO.

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